domingo, 3 de enero de 2016

ANTE LAS ELECCIONES MUNICIPALES



EL P.R.T. LLAMA A EJERCER UN VOTO CRÍTICO POR LAS CANDIDATURAS DE LUCHADORES Y LUCHADORAS SOCIALES EN EL FRENTE AMPLIO



Desde el P.R.T. hemos venido analizando la distancia cada vez mayor entre la cúpula del Frente Amplio y la mayoría de su fracción legislativa, por un lado,  y las bases honestas y luchadores del F.A., por el otro.

La cúpula del FA ha demostrado una actitud complaciente con el gobierno del PAC en una serie de temas álgidos. Por ejemplo, tuvo un destacado papel en la negociación que llevó fin y virtual derrota de la huelga de SINTRAJAP, y en consecuencia, en la imposición de APM Terminals.  Apoya la ley de aguas que convierte al preciado líquido en un "bien económico", abriendo el portillo a la explotación privada. Apoyó la contrrarreforma laboral procesal reelaborada en un santiamén, misma que pone obstáculos y limitaciones casi insalvables al derecho a huelga y  a la negociación colectiva; hecha al gusto y antojo de la derecha que logró, a fin  de cuentas,  todas sus demandas;  incluida la aceptación de hecho del veto de Laura Chinchilla para eliminar cualquier posibilidad de huelga en los servicios esenciales. Aprobó en primer debate,  sin estudio alguno, el proyecto de la carretera 32, con grandes dudas sobre su adjudicación al capital chino; se pronuncia también a favor del megaproyecto de la refinería, también con capital chino. Y como corolario, se prestaron para aprobar al unísono con las otras fracciones de derecha, una sustantiva reducción de las multas por fraude fiscal a fines de diciembre, "premiando" así a los empresarios morosos.

A pesar de tanto desatino y colaboracionismo de clases de la dirigencia del Frente Amplio, reconocemos que hay un importante grupo de frenteamplistas, que al igual que la valiente diputada Ligia Fallas lo ha manifestado, tienen posturas combativas, clasistas y luchadoras en las distintas comunidades.

De manera que nuestro llamado a votar por las papeletas del Frente Amplio no es un cheque en blanco, sino que está condicionado a que sus candidatos y candidatas en cada caso, reflejen el ala izquierda del FA. Tal es el caso por ejemplo, de las candidaturas del FA en Goicoechea, dónde se ha logrado una importante unidad local de las fuerzas de izquierda.

En estas elecciones municipales debemos dar un mensaje de fortalecimiento de la izquierda, pero a la vez, debemos demarcarnos de los burócratas y oportunistas. ¡Exijamos y construyamos un proyecto genuinamente revolucionario, plenamente anticapitalista!



Ni burgueses ni reformistas
¡Llegó la hora de la unidad de la izquierda revolucionaria! 

COMITÉ EJECUTIVO
PARTIDO REVOLUCIONARIO DE LAS Y LOS TRABAJADORES (PRT)

viernes, 30 de octubre de 2015

Nuestra posición sobre las elecciones federativas de la UCR


Recientemente el PRT ha venido participando en el Movimiento Juvenil Socialista (MJS); espacio en el que participan distintas corrientes juventudes de partidos políticos como el POS y el FA, así como activistas independientes. Desde el MJS hemos discutido diversos temas que atañen a la juventud, e incluso hemos logrado construir posiciones conjuntas respecto a temas como la criminalización de la protesta social, la defensa del presupuesto universitario, entre otros.

Desde el PRT valoramos este espacio de unidad, pues consideramos, por un lado, que en un contexto donde los ataques contra la clase trabajadora y en contra de la juventud están a la orden del día, urge la conformación de espacios que articulen los distintos esfuerzos organizativos; por otro lado consideramos que es un espacio que se construye sobre la base de la confianza y la camadería, así como sobre la discusión franca y abierta. Por eso sostenemos que el MJS podría convertirse en un importante polo organizativo del movimiento estudiantil y juvenil.

El MJS es en este momento un espacio en donde participan distintas organizaciones políticas que pretenden realizar un esfuerzo para definir una política conjunta Sin embargo, esto no siempre es posible; y no es la idea minimizar las diferencias ni silenciar las voces de la minoría. En esta ocasión el PRT es minoría, en cuanto al análisis de la elecciones federativas y sobretodo de la conclusión político-electoral que se levanta desde el MJS, y nos basamos en las garantías democráticas que brinda el espacio para expresar lo siguiente:

1. Coincidimos con el análisis de la situación nacional y universitaria que se plasma en el comunicado que circula bajo el nombre “Ante las elecciones federativas de la UCR, el Movimiento Juvenil Socialista plantea: ¡Unidad para luchar por un modelo educativo diferente del actual!” en el cual se denuncia que las políticas “pro mercado” han logrado transformar el modelo de educación universitario, convirtiendo a la U en una institución al servicio de los intereses mercantiles más tecnificados, “en contraposición a lo científico y artístico; hacia la venta de servicios más que a la satisfacción de las necesidades del pueblo”

2. Concordamos que ante la implementación de estos planes de mercantilización de la educación, urge unificar esfuerzos y desarrollar acciones conjuntas, siendo la UNIDAD el único camino posible para defender la educación pública y garantizar que ésta se adecúe a nuestras necesidades y NO a las del mercado. Es por ello que desde el PRT extendemos la invitación a las y los activistas independientes; así como a las distintas organizaciones políticas estudiantiles que levanten un programa similar a participar en el MJS, que continua CONSTRUYENDO SU PROGRAMA.

- Sin embargo, nos distanciamos de la posición política- electoral que levanta el MJS. Creemos que es equivocado apostar por una posición abstencionista que evade la realidad concreta inmediata: la posibilidad de que una de las cuatro opciones electorales, PROGRE, ALTERATIVA, YA BASTA Y CONVERGENCIA llegará a la FEUCR, inclusive sin que exista una segunda ronda. Creemos que llamar “a no votar” favorece a PROGRE y podría contribuir indirectamente al triufo electoral de esta agrupación que históricamente maneja pisos mínimos de votación. Que PROGRE llegue a la federación nuevamente es sumamente peligroso porque sabemos que PROGRE es aliado del gobierno y de la rectoría, mismos que han implementado los planes privatizadores y colaboracionistas con el mercado y que han criminalizado la protesta social y estudiantil.

- Desde el PRT creemos que es vital que la FEUCR tenga un carácter independiente y clasista. Es por ello que hacemos un llamado a votar por Ya Basta, por ser una agrupación que ha demostrado en la práctica que, no solamente es independientes del gobierno y de la rectoría y que incluso han levantado, aunque de forma intermitente, posiciones clasistas. Esto mismo se puede decir de Convergencia; sin embargo no llamamos a votar por esta última por que consideramos que mantuvo una actitud sectaria, pues siendo la organización independiente más consolidada no buscó acuerdos con las otras organizaciones de izquierda para realizar una alianza contra progre que levantara la bandera de la independencia de clase y de la autonomía del movimiento estudiantil frente a las autoridades universitarias. Aclaramos que nuestro voto es crítico porque consideramos que también Ya Basta comete un error al buscar la alianza con convergencia de manera muy tardía, y por no considerar tampoco a otras organizaciones combativas del movimiento estudiantil. Con Ya Basta y el NPS hemos tenido también diferencias de método, incluso serias diferencias políticas, que las hemos planteado oportunamente y que no vamos a repetir aquí. Sin embargo, para nosotras/os es mucho más importante la independencia de clase y el reflejo unitario que han demostrado, por encima de las diferencias de método que podamos y políticas que hemos tenido en el pasado.

Insistimos en que votar por una u otra opción electoral no excluye la posibilidad de participar en el MJS, porque desde este espacio aspiramos ha construir un espacio de organización que trascienda lo electoral y lo universitario.
 
 

martes, 14 de julio de 2015

Ningún privilegio para Justo Orozco ni ningún otro abusador…



Laviolencia sexual tiene rostro de mujer

Según datos de Ministerio Público, cada 80 minutos se denuncia distintos delitos de violencia sexual en Costa Rica, para un total de dieciocho personas que al día denuncian un delito sexual ante el Ministerio Público. Las estadísticas del Poder Judicial no especifican el género de la persona que denuncia, sin embargo la Fiscal Especializada en Delitos Sexuales asegura que “la gran mayoría” son mujeres. De las denuncias recibidas sólo el 50% inician un proceso penal, siendo incluso más fácil ser condenado por un “robo simple” que por un delito sexual.

Las cifras sobre delitos sexuales demuestran una cruda realidad: las mujeres en Costa Rica son las principales víctimas de un sistema patriarcal que, deshumaniza a la mujer y se apropia de ésta como un objeto de estricto placer; la perversidad del patriarcado, representado en sus más fieles seguidores, no tiene límites, porque también involucra el abuso en contra de niñas, niños y adolescentes, con aproximadamente más de 2700 denuncias al año.



Ciertamente las cifras son alarmantes, proyectándolo como una práctica social muy común, “apadrinada” por un sistema patriarcal y machista en alianza con un sistema judicial permisivo.

Justo Orozo, representante de la misoginia y el machismo fundamentalista:


El ex diputado Justo Orozco, es uno de los representantes del machismo de las cúpulas religiosas más fundamentalistas, reproduciendo el discurso misógino, que niega derechos a las mujeres y las reduce a objetos domésticos, éste mismo Justo Orozco, se opuso férreamente a distintos proyectos como la fertilización in vitro, sobre derechos sexuales y reproductivos, y en numerosas ocasiones con sus “desafortunadas” intervenciones, acusó a las mujeres de “malvadas”. Precisamente ese mismo Justo Orozco, hoy es acusado de dos delitos sexuales en su contra.



El Sistema Judicial cómplice del patriarcado:

La noticia de la denuncia en contra el ex disputado evangélico, Justo Orozco, evidencia como opera el sistema judicial en Costa Rica, en audiencia preliminar realizada el día miércoles 1 de julio, se dictaminó la libertad con medidas cautelares para el Pastor Evangélico, mientras que se definió la necesidad de realizar pruebas psicológicas a la joven demandante, esto pese a las pruebas en contra del ex diputado y del testimonio de la joven.

Nuevamente el Sistema Judicial actúa en alianza con el patriarcado, protegiendo al prototipo machista y misógino; desestimando las acusaciones en su contra, al emitir el criterio de la necesidad de las pruebas psicológicas para esclarecer la salud mental de la joven. ¿Es loca aquella que denuncia un delito sexual? La respuesta es NO. Denunciar un delito sexual es un acto de valentía.

El cúmulo de cuestionamientos en contra de la joven son múltiples, "es la segunda vez que denuncia esto "señalan los medios de comunicación más conservadores, desmeritando la importancia de la denuncia, y minimizando el hecho del abuso; como si una mujer no sufriera de repetidos abusos, del acoso callejero, violencia y repercusión sólo por ser mujer en un contexto machista como el costarricense. Estos cuestionamientos demuestran la ausencia de conocimiento del proceso judicial, revictimizante y engorroso, con pocas garantías para la víctima.

Toda nuestra solidaridad y apoyo: La denuncia que interpusieron las jóvenes son una muestra de valentía y de empoderamiento.

Las dos denuncias contra Justo Orozco por abuso sexual sólo demuestran lo común de la “práctica” en contra de las mujeres, y no como algunos medios de comunicación conservadores e incluso el abogado de Orozco sugieren, argumentando que, la simultaneidad de las denuncias se constituye en pruebas fehacientes del supuesto montaje del que es víctima el ex diputado.

El abuso sexual no es ningún montaje es una práctica real, patrocinada por el patriarcado y facilitada por un sistema judicial revictimizante, así como de un discurso que criminaliza a quien denuncia, y des responsabiliza al demandado. Realizar una denuncia en un contexto como éste, es una muestra de valentía y de empoderamiento, porque las mujeres no sólo debemos soportar del acoso, del abuso, del hostigamiento y la persecución en nuestra contra, sólo por ser mujeres en un sistema patriarcal-capitalista, sino que debemos soportar nuestra re victimización con procesos engorrosos y de exposición pública como en este caso, en el cual las jóvenes han sido cuestionadas por la sociedad.

Es por eso que, nos sumamos a la convocatoria de la Red Feminista contrala Violencia de las Mujeres en Costa Rica y distintos colectivos feministas para manifestarnos en contra de un sistema judicial cómplice, demandando que (In) Justo Orozco cumpla con el proceso judicial al igual que las valientes jóvenes, que el mismo garantice protección y derecho a las denunciantes; pero sobretodo para expresar toda nuestra solidaridad con las cientos de mujeres que han sido víctimas de abuso, de acoso y repercusión, que han denunciado o no, diciéndoles que estamos con ellas y que no las vamos a dejar solas contra un sistema patriarcal.


¡Ningún privilegio para Justo Orozco ni ningún abusador!
¡NO más impunidad!
¡NO más violencia contra las mujeres!

¡Abajo la alianza patriarcado-capitalismo y los privilegios de los agresores machistas!

miércoles, 15 de abril de 2015

Gobierno del “cambio” recrudece represión y criminalización de la protesta social

Repudiamos enérgicamente la condena de Paulina Briones y exigimos su inmediata absolución

Mientras hay completa impunidad para los asesinos de Jairo Mora se receta cárcel para las luchadoras y los luchadores sociales
 

El gobierno del supuesto cambio no solo mantiene sino que profundiza las políticas orientadas hacia la criminalización de la protesta social, realizando actos de represión y de brutalidad policial que los anteriores gobiernos  de liberación nacional no se atrevieron a realizar. Ante los casos judiciales que pretenden criminalizar la protesta social Luis Guillermo Solís, como Pilatos,  se lava las manos y voltea a ver para otro lado. Veamos primero los casos de represión de las protestas.

 
 La represión de la protesta social
 El gobierno del “cambio” no ha cumplido todavía un año, sin embargo ya lleva a cuestas gran cantidad de actos de represión en contra de organizaciones y sectores sociales que, ante la crisis económica y ante la aplicación de los proyectos injustos del gobierno y las grandes empresas, salen a la calle para defender conquistas o para pedir soluciones a sus acuciantes problemas cotidianos. Veamos algunos ejemplos.

A poco más de 100 días de que el gobierno de Solís asumiera funciones, son arrestadas; el día de la madre, 15 de agosto de agosto de 2104; varias dirigentas de un movimiento que exige soluciones de vivienda en San Josecito de Alajuelita.

 
El 22 de octubre del 2014 el gobierno realiza un operativo a cargo de Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como ministro de seguridad, para quebrar la huelga de SINTRAJAP en los muelles de Limón, que exigían derogar la clausula que le entrega a APM terminals el monopolio de los contenedores; el gobierno del “cambio” no solo abrió a garrotazos el puerto que las y los trabajadores mantenían cerrado como medida de presión, sino que contrató rompehuelgas o esquiroles para que mantuvieran funcionando el puerto.

El 6 de noviembre de 2014 fue arrestado y se mantiene desde entonces bajo prisión “preventiva” al líder indígena Sergio Rojas, supuestamente por administración fraudulenta, pero a todas luces es una clara represión por su beligerante participación en el conflicto por tierra en Salitre, entre la comunidad indígena y terratenientes locales.
 
El gobierno de Luis Guillermo Solís ha promovido, de manera también muy violenta y amañada, dos desalojos, uno en la comunidad de Fray Casiano en Puntarenas y otro en el llamado Triangulo de Solidaridad, al norte de San José, que ha provocado incertidumbre y zozobra entre las y los vecinos y donde la fuerza pública se utiliza como mecanismo de cohersión y amedrentamiento. En ambos casos queda claro que se privilegian los intereses de las grandes empresas y las y los habitantes son tratados poco más que como si fueran cosas y no personas.
 
El otro caso, relacionado también con vivienda, es el del arresto de Ingrid Rangel y Karina Araya, quienes fueron arrestadas por protestar, exigiendo una solución de vivienda, el pasado 27 de febrero y las mantuvieron en prisión preventiva por más de un mes. No se puede descartar todavía que a estas compañeras les vayan a realizar también un juicio político.

Estas medidas de represión, que favorecen los intereses de terratenientes y grandes empresas, son en muchos de los casos más violentas o atrevidas que las acciones represivas impulsadas por los gobiernos anteriores, los cuales no se atrevieron  por ejemplo a meter rompehuelgas en JAPDEVA ni le aplicaban prisión preventiva a manifestantes por bloquear una calle.

 
Continuidad en los juicios de criminalización de la protesta social

Es claro que la criminalización de la protesta social es una medida que tiene una tendencia ascendente en el régimen político costarricense, desde las manifestaciones del Combo del ICE, pasando por el TLC  y culminando en este gobierno donde parecen arreciar las medidas. Esto se puede apreciar en la aprobación de istrumentos judiciales cada vez más represivos, como por ejemplo, la transformación del bloqueo de carreteras de una contravención a ser considerado un delito penal, y el posterior debate en la sala cuarta sobre si es más importante el derecho a expresión del derecho al tránsito. Este proceso de criminalización de la protesta social desde la via de la judicialización no se puede separar de procesos más amplios impulsados a nivel internacional, como por ejemplo, toda la parafernalia orquestada a partir de los ataques del 11 de setiembre en Estados  Unidos, a la cual le sigue toda la política de “guerra contra el terrorismo”, la cual deriva en una gran cantidad de legislación “antiterrorista”, primero en Estados Unidos, pero que luego se exporta al resto del mundo.
Por otro lado, el aumento de la criminalización de la protesta social forma parte de la arremetida global contra las y los trabajadores y las organizaciones populares. La crisis del sistema capitalista mundial y el intento de los gobiernos de turno por pasarle la factura de la crisis a la clase trabajadora ha exacerbado los conflictos sociales y los niveles de represión por parte del Estado en muchas partes del mundo.

La otra cara de la judicialización de la criminalización de la protesta es la aplicación de juicios políticos. En este momento es particularmente importante la condena de la compañera Paulina Briones, a la cual se le otorga una pena de cinco años de cárcel por, supuestamente, instigar a una quema de contenedores en una de las primeras protestas contra la concesión del megaproyecto portuario de Moín a APM Terminals, en el año 2010.

La compañera Briones es vecina de la comunidad de Penshurt, es una mujer campesina y pescadora, madre de 6 hijos, que participó en las protestas, como cualquier otra ciudadana preocupada por el rumbo privatizador y neoliberal de las políticas del gobierno. A todas luces, lo que al parecer ocurre aquí es que la compañera Briones es utilizada como chivo expiatorio, ante la falta de pruebas por parte del ministerio público, con el objetivo de que el caso sirva como una especie de aleccionador: el mensaje que envía es que se buscará la manera de meter a la cárcel a aquellas personas que osen salir a la calle a protestar por sus derechos.

Por eso no podemos coincidir con el planteamiento del Partido de los Trabajadores, de considerar un triunfo el resultado del juicio (20 absueltos en Juicio de Limón 2010: Victoria sobre la criminalización de la protesta social); el echo de que se condene a una compañera a cinco años de prisión y se tramiten tres de las personas procesadas por aparte es un asunto sumamente grave y no da para cantar victoria; sobre todo porque el modus operandi de estos juicios colectivos es precisamente esa, lanzar la red para ver que se pesca. Pudo haber sido peor, ciertamente, pero no debería celebrarse como un triunfo contra las políticas represivas, sobre todo tomando en cuenta el contexto y el rumbo de las políticas del gobierno. La forma en como se presenta y opera este juicio es similar al juicio del compañero Orlando Barrantes, en donde también se usa un juicio colectivo para terminar condenando a una persona; el compañero Barrantes ya tiene casi quince años de estar batallando, de manera muy solitaria, en un juicio sumamente oneroso y desgastante, acusado de manera similar, de ser el autor intelectual de la retención de agentes de policía durante las protestas de extrabajadores bananeros por los efectos nocivos de la aplicación del agroquímico Nemagón. 



Estos juicios lo que buscan es amedrentar a la población para evitar que más gente salga a protestar por temor a verse implicado en un juicio penal y desgastar a figuras dirigente del movimiento social, en procesos judiciales onerosos y angustiantes también en términos emocionales.

No podemos permitir que se condene a la compañera, debemos rodearla de solidaridad, y esta solidaridad se debe expresar sobre todo en la calle, con más movilización, con más denuncia y más lucha. Como es evidente la vía judicial no es el terreno en el cual tengamos como movimiento social y popular ventaja; aunque haya que hacerle frente a los procesos judiciales por la vía legal, esta es solamente la parte defensiva del proceso. Se requiere conformar un poderoso movimiento social en contra de la criminalización de la protesta social y en contra de los juicios políticos, que, si por la víspera se saca el día, seguirán siendo pan de todos los días también durante el gobierno del “cambio”. Ante los intentos del gobierno de los sectores privilegiados de meterle miedo a los sectores en lucha hay que golpear políticamente, hacerle frente a los procesos judiciales con más organización y más movilización social. Para empezar hay que exigirle a Luis Guillermo Solís la absolución de la compañera Briones y el cese de todos los juicios políticos en curso.

El caso del 8N

En este momento está iniciando otro juicio político contra seis personas. El próximo 24 de junio de 2015 se realizará la audiencia preliminar para determinar si se le da curso a un juicio penal en contra de seis manifestantes que participaron en las protestas del 8 de noviembre de 2012 que se realizaron frente  a las oficinas centrales de la caja y que terminó con más de 40 arrestos y una violenta golpiza contra las y los manifestantes. Las personas acusadas en este momento son Adrián Jaén España, del PRT; Denis Solís Cruz, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Luis Alberto Salas Sarkis, del Partido Vanguardia Popular (PVP), Mario Villalobos Arias, funcionario universitario y miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, ambos estudiantes de Trabajo Social de la UCR.


El 8 de noviembre de 2012 las comunidades de las zona de occidente (Grecia, Palmares, San Ramón) organizan una marcha, que inicia en el parque de la Merced y que concluye frente a las oficinas centrales de la Caja, sobre avenida segunda. El objetivo de la manifestación era entregarle a Ileana Balmaceda, quien en esa época se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la institución, un pliego de peticiones para mejorar la calidad del servicio en el Hospital de Grecia (San Francisco de Asís) y los demás centros de salud de la zona. Hay que recordar que durante el año 2012 se realizan en la zona varias desmejoras en los servicios prestados, entre ellas, que se suspende el servicio de emergencia como servicio permanente de 24 horas, lo cual había cobrado ya varias vidas, entre ellas, una adolescente de 14 años que se le presentó una complicación después de una operación y que no logró llegar con vida al Hospital México.

A pesar de que la manifestación se realizó con normalidad y de manera pacífica, al ser casi medio día, para sorpresa de quienes nos estábamos manifestando, empezó a alinearse un grupo de antimotines quienes sin ninguna consulta previa arremetieron de manera violenta contra las y los manifestantes, arrestando a varias personas. La brutalidad policial, el uso desproporcionado de la fuerza, incluso sobre personas adultas mayores, así como el arresto injustificado provocó mucha indignación; por lo que una manifestación que estaba a punto de disolverse se volvió a nutrir por el efecto de la rápida difusión de la noticia de los hechos que estaban sucediendo; por lo tanto la manifestación se mantuvo durante todo el día. 


Los enfrentamientos entre manifestantes y policía ocurren varias veces durante la jornada de protesta, así como las oleadas de arrestos; a eso de las 2:00 p.m. se apersonan al lugar José María Villalta, en ese momento diputado por el Frente Amplio (FA); así como Carmen Muñoz y Claudio Monge, diputados del PAC, quienes también son agredidos por los antimotines. La acción más violenta es la que se desarrolla pasadas las 6:00 de la tarde, cuando ya varias organizaciones y manifestantes se habían retirado de la zona.

 


Ninguna confianza en los tribunales burgueses: unidad obrera y popular contra las injusticias del sistema de justicia
El Humedal Cariari es un reconocido sitio Ramsar, declarado patrimonio de la humanidad, incluye las playas de Moín, donde llegan a desobar cuatro especies de tortugas marinas (carey, verde, Baula y Cabezona), todas en peligro de extinción. Jairo Mora, ambientalista limonense que se dedicaba a cuidar las tortugas de los ladrones de huevos fue asesinado en mayo de 2010. Las ocho personas sospechosas fueron absueltas y liberadas a inicios de este año. Las playas de moín donde desovan las tortugas serán destruidas por el megaproyecto del puerto concesionado a la transnacional holandesa APM Terminals ¿Casualidad? Nos parece que no.

Ahora bien, mientras los asesinos de Jairo Mora andan caminando campantemente por las calles de nuestro país, se encarcelan y se condena penalmente a luchadoras y luchadores sociales por defender las instituciones públicas, por intentar detener los proyectos neoliberales extractivistas que atentan contra la naturaleza y que golpean los derechos laborales y políticos básicos de las y los trabajadores y el pueblo.

Al parecer, en términos de represión policial y de criminalización de la protesta social, el gobierno del “cambio” nos augura un cambio para peor.

No podemos seguir viendo estos y otros casos más como cuestiones aisladas, debemos unirnos para luchar juntas y juntos contra la represión gubernamental. Para eso creamos un espacio, un Comité de Lucha contra la Criminalización de la Protesta Social, el cual se reunirá periódicamente para trabajar estos y otros casos. La idea es que se mantenga siendo como ahora como un espacio abierto y democrático de discusión y de unidad de acción. Cualquier persona interesada en colaborar puede comunicarse por correo electrónico: adrianjaencr@gmail.com marita.as12@gmail.com  marce.zamoracruz@gmail.com  o a los teléfonos: 2221-7192,  8511-0038 o al 8705-6934.

ANTE LA REPRESIÓN DEL ESTADO Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTAS SOCIAL: UNIDAD EN LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO


Comité Ejecutivo
Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores

miércoles, 25 de febrero de 2015

GOBIERNO IMPONE EL MEGACHORIZO DE LA RUTA 32


…CON EL RESPALDO DE 8 DIPUTADOS DEL FRENTE AMPLIO

Ocho  de los nueve diputados y diputadas de la fracción legislativa del Frente Amplio, inesperadamente, dieron su voto para que se apruebe el proyecto de fideicomiso de  ampliación de la ruta 32 en el tramo que va desde Guápiles hasta Limón, a pesar de que una  semana antes habían planteado en el plenario legislativo serias dudas sobre la transparencia y los alcances de este proyecto, que pretende hacerse de manera acelerada con capital chino y sometido a sus condicionamientos.

El jefe de fracción frenteamplista,  Gerardo Vargas señaló a El País digital que su fracción está consciente de los errores que tiene el proyecto, pero aseguraron que pondrán presión sobre el Ejecutivo para que la Ruta 32 no se convierta en otro caso como el de La Trocha Fronteriza del gobierno de Laura Chinchilla.

La diputada del FA de San Ramón Ligia Fallas,  se distanció abiertamente de la cúpula frenteamplista  y declaró desde el lunes pasado:  “La fracción ha dado un voto de confianza en el gobierno, pero yo no confío en un gobierno que nos ha mentido tanto desde lo que está pasando en APM Terminals del Muelle de Moín y con el tema del Banco Popular, etc”.

¡Qué lamentable el continuo sometimiento de la alta dirigencia del FA al gobierno PAC-quetazo de Luis Guillermo Solís! Sucedió con el trámite del presupuesto, y sucede de nuevo: es  la mayoría de la fracción parlamentaria del Frente Amplio la que le presta dócilmente los votos al gobierno para darle luz verde, en este caso,  al megachorizo "chino" de la ruta 32. 

Ya se olvidaron los reparos al interior del FA por el expediente de agresión doméstica que fue sustentado en el caso del diputado y sempiterno burócrata sindical de ANTTEC : Jorge Arguedas y se enterraron cuestionamientos similares al diputado puntarenense del FA:  Carlos Hernández, ya se olvidó al novela truculenta de la “renuncia” del diputado Ronal Vargas, mientras tanto, toda la fracción del FA se une para apuntalar al Gobierno y  zafa la tabla de nuevo a Ligia Fallas.
¡Qué incongruentes las declaraciones del cura Gerardo Vargas, jefe de fracción del Frente Amplio! ¡Qué diferente la valentía y la claridad de la compañera diputada Ligia Fallas!. Al igual que no se prestó Ligia a la farsa de la reforma procesal laboral, hoy demuestra una vez más que no se rinde, ni se vende. ¡Bravo Ligia Fallas! digna representante del Frente Amplio San Ramon, diputada fiel al pueblo y consecuente con los ideales de izquierda que dijo defender el FA, y que su cúpula cada vez más entierra en el olvido. Más temprano que tarde, estamos seguros que el ejemplo de Ligia no caerá en vano.  



¡Organización Popular Ya! 
¡Solo el pueblo salva al pueblo!

Comité Ejecutivo
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)
 24 febrero 2015