Hay que evitar a toda costa los contubernios y conversaciones por debajo de la mesa que mantienen personas en el asentamiento con los enemigos del pueblo y de la lucha
No es suficiente con las gestiones realizadas, es necesario prepararnos para luchar en las calles por nuestros derechos
En la comunidad de Monte Alto hay un grupo de compañeras mujeres que trabajan constantemente en beneficio de la comunidad: Verónica López, Doña Gladis, María del Carmen Cruz, Socorro Trejos y María Téllez, dirigentes del Movimiento de Acción Popular Urbana (MAPU) realizan distintas labores de coordinación y gestiones ante las autoridades de gobierno para intentar mejorar las condiciones de la gente que habita en el asentamiento.
La última gestión que realizaron este grupo de compañeras fue realizar un censo de la población para presentarlo ante el Comité Local del Comité de Emergencias, para solicitar ayuda alimentaria para toda la población del Asentamiento. La labor del levantamiento del censo se realizó el día 22 de abril de 2020 y se siguieron todos los protocolos que dicta el Ministerio de Salud para evitar el contagio del COVID-19. Se censaron 148 familias.
Sin embargo, la labor de las compañeras fue “denunciada” ante las autoridades de la municipalidad, no sabemos con qué objetivo, por Harold Toribio, quien se contacta con una funcionaria Municipal de nombre Patricia, diciendo que las compañeras que realizan el censo están “alborotando” a la gente y causando “aglomeraciones”. Esto consta en un audio que circuló en las redes sociales del asentamiento y del cual Bandera Roja tiene copia.
No se puede entender como alguien que vive en la misma comunidad busca entorpecer una labor que es en beneficio de toda la población de Monte Alto, mucho menos, como esa persona que vive en la misma comunidad sigue coordinando y compartiendo información con las autoridades de la Municipalidad que sigue diciendo con toda claridad que su objetivo es desalojar a todo el pueblo. Ambas cosas, en lugar de beneficiar la lucha común entorpece las gestiones que se realizan las compañeras del comité en múltiples sentidos y busca poner a la comunidad en contra de las dirigentes que trabajan en beneficio de todo el pueblo.
Al día siguiente, el 23 de abril, las compañeras fueron a dejar los listados de la gente censada a la municipalidad. Los listados deben entregarse en la Municipalidad porque al realizar la consulta en la Comisión Nacional de Emergencia se le informó a la dirigencia del MAPU. Cuando llegaron a la Municipalidad les dijeron que la funcionaria que se encargaba de ese asunto no estaba y que no llegaría en todo el día, sin embargo, las compañeras, con mucha sagacidad y astucia esperaron pacientemente. En un momento llegó un pick up con comida, las compañeras se acercaron y le dijeron a una de las señoras que se bajaba del vehículo que estaban buscando a una funcionaria que se llamaba Johanna, la señora les respondió: sí, soy yo, entonces las compañeras le explicaron que venían a dejar los listados del censo realizado.
La funcionaria de la municipalidad, de nombre Johana Ávila, al ver la cantidad de gente se llevó las manos a la cabeza en señal de asombro y primero les dijo que no les podían ayudar porque la comunidad está ilegal y está “en vísperas de ser desalojados”. Las compañeras le insistieron y le dijeron que, aunque estuvieran en un asentamiento ilegal eran seres humanos y que necesitaban la ayuda. Ante la presión y la insistencia de las compañeras, que se posicionaron firmes como perros de traba, la funcionaria tuvo que acceder a recibirles el listado de la gente censada y les otorgó un recibido, aunque les dijo que no podían ayudar a todo el mundo y que escogieran a la gente más necesitada. Las compañeras le informaron que más bien faltaba gente, porque no pudieron censar a todas las familias.
La gestión que realizaron las dirigentes del MAPU es importante, porque hace constar que la gente de Monte Alto está solicitando la ayuda económica, ante las difíciles condiciones que provoca las medidas sanitarias implementadas por el gobierno. Sin embargo, no es suficiente.
Es necesario que todo el pueblo se organice para salir a exigir sus derechos, no solo en términos alimentarios, sino también para exigir que resuelvan el problema del agua que convierte a la comunidad en un posible foco de contagio, por la irresponsabilidad de las autoridades de gobierno que no resuelven un problema que es evidente de salubridad pública pero también de violación flagrante de los Derechos Humanos.
Es necesario organizar a todo el pueblo para dar las luchas y las peleas que se requieren. La lucha por vivienda digna, exige hoy más que nunca, arrojo y compromiso, pero sobre todo, evitar ningún tipo de tratos con las autoridades de la municipalidad y el alcalde, que sabemos que son nuestros peores enemigos y la unidad de todo el pueblo para luchar por vivienda y por nuestros derechos.
¡Alerta, alerta, alerta que camina! ¡La lucha por vivienda aquí empieza y no termina!
¡El pueblo unido jamás será vencido!
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