¿CUÁNTOS MILES DE EMPLEADOS PÚBLICOS VAN PARA LA CALLE, PARA MANTENER EL FRAUDE FISCAL DE LOS GRANDES EMPRESARIOS?
Por Manuel Sandoval Coto
En la prensa nacional han comenzado a aparecer voces críticas, desde todos los sectores sociales, frente a lo que se considera es improvisación, lentitud y falta de orientación del gobierno para enfrentar la crisis abierta por el coronavirus. Pese al éxito mediático inicial del Dr. Salas, promovido por Ignacio Santos como la figura masculina de autoridad “necesaria” frente a la crisis, se comienzan a hacer evidentes los palos de ciego que está dando el gobierno, situación que tiene como trasfondo un desconcierto creciente y muy pocas perspectivas en la burguesía costarricense. Tal y como trataremos de demostrar en ésta y otras notas, la gravedad de la crisis actual a nivel internacional (con visos de que se está iniciando una recesión peor que la del 29) es que deja a la burguesía costarricense sin ningún modelo de desarrollo económico viable para que el país se recupere. Continuar desmantelando el Estado, el único programa que ha venido levantando frente a la crisis fiscal, sólo va a profundizar el proceso recesivo del país y la crisis social que se incuba.
La burguesía costarricense venía reaccionando ante el deterioro de la situación económica en el último período, con una ofensiva violenta para descargar la crisis fiscal sobre los hombros del pueblo trabajador. Previamente a lanzar la reforma fiscal, la burguesía hizo un consenso para tolerar la evasión fiscal multimillonaria de los grandes empresarios.
La solidaridad contra el coronavirus a la que han llamado, no debe engañar a nadie. El intento para sostener el consumo interno, impidiendo un empobrecimiento violento de los sectores populares con los subsidios del Plan Proteger, es de alcance muy limitado y en unos meses, cuando la crisis fiscal explote con más fuerza aún, en el marco de una profunda recesión, dará paso al programa de la UCCAEP, de reducción violenta de los salarios y las pensiones de todos los trabajadores.
Marcelo Prieto al asumir el Ministerio de la Presidencia dijo que no le parecía eliminar el salario escolar, pero fue claro en que estaba de acuerdo con el impuesto solidario a los salarios y las pensiones. Es probable que se le esté nombrando en este puesto clave, con un acuerdo implícito con algunas fracciones legislativas de la oposición de que el proyecto viene con el nuevo Directorio legislativo que se nombre el 1° de mayo. Las dificultades para encontrar plata “raspando la olla” (transfiriendo partidas de varias institucione y dejando de pagar las anualidades) prácticamente lo están haciendo inevitable. ¿Por qué?
Porque los préstamos externos que están aprobando con toda celeridad se destinan en lo fundamental a pagar intereses de la deuda interna. Para continuar enriqueciendo a los detentadores de bonos del Estado (en gran medida en manos de los empresarios que defraudan al fisco) se está colocando una cuerda en el cuello al país, para que los organismos financieros internacionales nos estrangulen a corto plazo.
No hay por eso que engañarse cuando la ministra de Planificación reconoce que el salario escolar es parte del ingreso regular del trabajador y habría que compensarlo si se elimina. La Ministra, que está comenzando a sacar las uñas, lo que nos dice es que “la raspada de la olla” no va por aquí, por ahora, porque legalmente es enredado. Ayer, en la edición nocturna de Canal 6, anunció más bien que la próxima semana se estarán concretando los proyectos para refundir 30 instituciones estatales con duplicidad de funciones y economizarse un 0.8% del PIB. Esta economía (240 000 millones de colones) significa, evidentemente, despidos en masa como los de JAPDEVA. (Institución desmantelada para permitirle a APM Terminals que cobre tarifas más altas y sea uno de los principales puntos de embarque hacia Europa de la droga sudamericana).
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