¿QUÉ SE ENCUBRE DETRÁS DE LA REFORMA PROCESAL LABORAL?

Un punto álgido que refleja a un Gobierno tramposo

La Reforma Procesal Laboral (RPL) se empezó a barajar desde la administración de Miguel Ángel Rodríguez, para evitar la condena de Costa Rica por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en particular por carecer de instrumentos de negociación colectiva (ante la prohibición de la suscripción de nuevas convenciones colectivas y laudos arbitrales) y la falta absoluta de libertad sindical en el sector privado, por la operación de los comités permanentes y los arreglos directos, instrumentados por el solidarismo, para liquidar a los sindicatos.

Este es el origen de la discusión en el país, que durante años conjuntó a las cúpulas sindicales, particularmente de la ANEP y Rerum Novarum, las cámaras empresariales y los gobiernos de turno (encerrados en mesas auspiciadas por la OIT y el Ministerio de Trabajo,  sin consulta ni concurso de las bases sindicales). Al fin, en la administración Chinchilla, estas cúpulas consensuaron un proyecto de RPL que fue el que se aprobó, con los votos del PLN y de la mayoría de las fracciones.

Hay consenso entre todos los sectores de que la RPL moderniza y agiliza los procedimientos del derecho laboral individual, es decir, el trámite y la tutela de las demandas laborales  a título individual, incluyendo la defensa pública.  Pero en cuanto al derecho laboral colectivo, que con razón se ha denominado el “alma del derecho laboral”,  opinamos que la RPL tal y como finalmente se llevó a la Asamblea Legislativa, muy lejos de ser la gran reforma  en beneficio de las y los trabajadores, cómo demagógicamente se ha dicho, no solo deja intacta la principal arma de los patronos para liquidar la organización sindical en el sector privado, es decir, los comités permanentes y los arreglos directos, sino también, lo que es más grave,  contiene una excesiva regulación del derecho a huelga, que en la práctica llevará a su mayor limitación.

Al respecto hacemos nuestras las siguientes palabras de Susan Quirós, secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT): “ (…) los avances o aspectos positivos (de la RPL), además de que quedan a merced de los aplicadores del derecho, quienes muchas veces incumplen los plazos establecidos en la ley sin asumir ningún tipo de responsabilidad, se quedan en el ámbito del derecho individual (…)La negociación colectiva es parte esencial de la libertad sindical, no se puede hablar de derecho de sindicalización, si no se respeta el derecho a negociar colectivamente; y la ley de reforma procesal laboral, lejos de garantizar y promover ese derecho, lo debilita, manteniendo incólumes los Comités Permanentes y los Arreglos Directos, que son los instrumentos de la política antisindical en el Sector Privado, que han impedido que nazcan y se desarrollen los sindicatos en la empresa privada, y que estos puedan negociar colectivamente para garantizar y ampliar derechos”. (Susan Quirós: “Levantamiento del Veto a la RPL: ¡¡Yo no celebro!! https://www.facebook.com/susan.quirosdiaz.9/posts/10204067313496948?fref=nf&pnref=story)

En cuanto al derecho huelga, que es una cuestión de vida o muerte para el movimiento obrero,  los requisitos establecidos por la RPL son más engorrosos que los que establece el Código de Trabajo actual, que es muy general y ambiguo al respecto (favoreciendo así que se impongan las huelgas de facto, como ha ocurrido hasta la fecha). Algunas regulaciones y limitaciones muy perjudiciales al derecho a huelga en lo que se denominan servicios públicos esenciales, son por ejemplo la obligación de los sindicatos de comunicar la huelga con una anticipación  de un  mes al patrono y un plan en la que se compromete a no entorpecer la prestación de los servicios esenciales (lo que es obvio que le posibilita a la patronal desplegar todas las maniobras de que dispone para desmontar el movimiento de antemano). Asimismo, en esos casos la  huelga no debe durar  más de treinta días, pues vencido este plazo debe someterse a un arbitraje judicial  cuyo fallo es obligatorio (y sin lugar a dudas beneficiaría a la patronal).  Además esto abre el portillo para establecer sanciones contra los dirigentes y los activistas que promuevan huelgas ilegales o acciones de fuerza.

EL VETO DE CHINCHILLA

Pero,  a pesar de la aprobación de los diputados del PLN en la administración pasada y de que la propia Ministra de Trabajo, Sandra Pizk, hoy diputada del PLN, fue una de las promotoras de la RPL y en su momento la catalogó, al igual que lo hace hoy el Frente Amplio y Albino Vargas, como una reforma histórica; días después de su aprobación, intempestivamente, la ex presidenta Laura Chinchilla vetó específicamente una serie de artículos.

¿Por qué? Pues porque los sectores más conservadores y reaccionarios del empresariado presionan específicamente sobre cuatro aspectos puntuales de la RPL. Analicemos cada uno de ellos:

1) La Huelga en servicios esenciales. A pesar de la excesiva regulación, y a pesar de que son los Tribunales de Trabajo quienes califican la legalidad de una huelga, los que invariablemente fallan en contra del movimiento obrero; no obstante, la RPL abre la “posibilidad” de hacer huelgas legales, no su garantía. Esto es muy importante remarcarlo. Que se tenga la expectativa  de huelgas legales en salud, la policía y los muelles, no significa que así se pronuncien los Tribunales, copados por jueces reaccionarios y antiobreros. Pero, sin embargo,  a nuestro modo de ver, en virtud de la importancia mayúscula que le otorga la gran oligarquía, y sobre todo la fracción exportadora financiera, al descabezamiento de SINTRAJAP y la entrega de los muelles a APM Terminales, este punto (así sea únicamente una expectativa), los ha llevado a cerrar filas en respaldo del Veto de Laura Chinchilla.

2) En caso de ser declarada legal la huelga,  en el artículo 394 se impide la contratación de esquiroles o rompehuelgas.  Pero al mismo tiempo se obliga a que la huelga no suspenda los servicios esenciales. En el caso de la reciente huelga de SINTRAJAP, fue esencial para su derrota que el Gobierno de Solís contratará rompehuelgas colombianos para quebrar la huelga; por lo que este es un asunto vital para los grandes exportadores e importadores, que  está en el tapete.

3) Una vez declarada la huelga  ilegal se conmina  a las y los trabajadores, bajo pena de despido,  a reincorporarse al trabajo en 48 horas, lo que es considerado un plazo muy amplio por la mayoría de las cámaras empresariales; consideramos que esto es en realidad un asunto de menor importancia para los sectores patronales.

4) Se permite la “posibilidad” de declaratoria de huelga legal en el sector privado en dónde no existen sindicatos, mediante la votación secreta de la mayoría de los presentes en asamblea, lo que en gran medida  se convierte “en letra muerta”, mientras persistan los comités permanentes y los arreglos directos amparados en el solidarismo.

LAS PIRUETAS DE SOLÍS Y SU MINISTRO DE TRABAJO

Con el propósito de mantener su alianza con el Frente Amplio para continuar presidiendo el directorio legislativo, al filo del plazo de su expiración legislativa, Solís levanta el veto de Chinchilla a la RPL, pero de una manera muy tramposa.

En primer lugar levanta el veto a la RPL,  pero establece en el acto que su vigencia inicia hasta dentro de 18 meses y a la vez anuncia un decreto ejecutivo que prohíbe tajantemente las huelgas en servicios esenciales. De esa manera le tira la pelota de nuevo  a la Asamblea Legislativa,  donde una mayoría reaccionaria se apresta a liquidar los tímidos aspectos progresivos que mantenía la ley, y que fueron precisamente objeto del veto de Chinchilla. De esa manera la jefa de fracción del PAC, Emilia Molina, anuncia que impulsarán un proyecto de ley presentado por el PUSC que regula en esa dirección la prohibición de la huelga en servicios esenciales (la Nación, 13-12-14, p. 7A). 

De  manera que el gesto de condescendencia de Solís con sus aliados del FA, es eso, nada más que un gesto vacío, porque a la larga en estos meses venideros apuesta a modificar la RPL en todo lo que impone la agenda del gran empresariado, puesto que el veto no rige sino hasta dentro de 18 meses, tiempo suficiente para procurar ajustarse a las exigencias del empresariado, mientras redobla el paso para desarticular las convenciones colectivas, como ya lo está haciendo en RECOPE, el IDA, JAPDEVA, y se alista para derrotar en toda la plana a los sindicatos del sector público, imponiendo el salario único y la ley de empleo público, el próximo paso en la ruta antiobrera y antipopular de este Gobierno que aparenta ser  progresista,  pero que no depara más que demagogia para el movimiento popular y servilismo al gran capital y al imperialismo.

Sobre  las objeciones de un sector del empresariado, El Ministro de Trabajo devela sin ambages la estrategia tramposa del Gobierno, al señalar, que “ahora queda el proyecto 19.306 para hacer los ajustes que quieran” (La Nación, 14-12-14, p. 6A).  Y ante la pregunta directa sobre qué debe modificarse de la RPL, el Ministro indica claramente: “(…) el porcentaje para la huelga en empresas sin sindicatos”.  Y más adelante agrega: “Estoy de acuerdo en reducir el plazo de 48 horas a 24, conservando la posibilidad de retornar a su trabajo cuando la huelga se declare ilegal (…) y creo que debería andar entre el 30 % y el 50 % el mínimo de trabajadores requerido para hacer la declaratoria de huelga”.  Finalmente sentencia: “Pero esa discusión se debe dar en la Asamblea Legislativa”.

NINGUNA CONFIANZA EN EL GOBIERNO: POR UN FRENTE DE IZQUIERDA Y LAS Y LOS TRABAJADORES

En síntesis,  cuál equilibrista en la cuerda floja, el Gobierno de Solís apuesta a aparentar que honra sus acuerdos con el Frente Amplio, haciéndole un guiño a la burocracia sindical estilo Albino Vargas, y a la vez abre el espacio para que se limen los pocos aspectos positivos de la RPL, congraciándose a la larga con el empresariado y sus partidos más recalcitrantes.

Aunque proyecta el espejismo de que el PAC afianza sus compromisos con el FA, en realidad lo que hace es “cambiar algo para que todo siga igual… o peor”.

La renegociación para la puesta en marcha de la megarrefinería y la ampliación de la ruta 32 en manos de capital chino, parece indiciar que este podría ser un punto más que alienta la alianza con el Frente Amplio, que acaricia la esperanza de que Solís vuelva sus ojos hacia Petrocaribe y el Mercosur.

En el PRT, por nuestra parte, llamamos a romper todos los espejismos que monta el Gobierno tramposo del PAC. Llamamos una vez más a conformar un bloque clasista de la Izquierda y las y los Trabajadores, en especial llamamos al Frente Amplio a romper sus ilusiones vanas con el PAC, y que nos aprestemos a preparar juntos el combate frontal y en las calles por recuperar nuestra soberanía portuaria, contra la imposición de la ley de empleo público y el salario único y en defensa del derecho a las convenciones colectivas.