popular debe mantener su independencia frente a las
disputas entre distintos sectores de la burguesía
La no reelección del magistrado Fernando Cruz para la Sala
IV, ha sido interpretada por vastos sectores de la ciudadanía costarricense
justo como lo que es: una maniobra de los Arias y sus socios, desde la Asamblea
Legislativa, para deshacerse de un magistrado que ha actuado con criterio
propio y al mismo tiempo una advertencia a la cúpula del Poder Judicial de que
debe plegarse al dictado de Rohrmoser o será purgada en la misma forma que el
magistrado Cruz. En específico, a Cruz
se le cobra su voto contra la minería a cielo abierto de Crucitas y su
voto señalando vicios de inconstitucionalidad al TLC.
Este golpe de mano se dio el 15 de noviembre, mientras miles
de manifestantes denunciaban la represión contra el movimiento obrero y
popular. Es claro así, que nos encontramos ante una crisis grave de la
institucionalidad democrático-burguesa del país.
Pero vale advertir que en el estado burgués no existe una
completa separación de poderes (cómo lo inculca la ideología dominante), por la
sencilla razón de que la cúpula de las instituciones está controlada por
elementos que provienen directamente de las filas de la burguesía o han sido
cooptados a su servicio. Gracias a estos vasos comunicantes la interferencia
política del Ejecutivo y las fracciones burguesas más poderosas siempre se han
dado y se dan dentro del Poder Judicial, que más allá del carácter sacrosanto
que le quieren dar los burgueses, en realidad administra la justicia a favor de
los poderosos y no del pueblo.
No se trata entonces de caer en al ilusión de que el poder
judicial es pulcro, y el resto de los poderes del Estado capitalista son los malos. El poder judicial, es parte
del sistema de dominación, y hay innumerables ejemplos de que la “justicia” en
este país por lo general está a favor de los grandes empresarios y terratenientes,
como se demuestra en Medio Queso, en Curubandé de Liberia, con los desalojos violentos
que ordena contra los campesinos que exigen su derecho a la tierra, o en los
juicios laborales en donde con frecuencia los derechos de las y los
trabajadores se quedan en letra muerta. No olvidemos tampoco el papel represivo
que juega el OIJ, dependencia del poder judicial.
Ciertamente, la Sala
IV, gracias a la jurisdicción que posee en el campo constitucional, juega un
rol estratégico, mediando en los choques de intereses entre las distintas
fracciones burguesas, para que no afecten la estabilidad del régimen
democrático-burgués. El arismo está a la
ofensiva para recuperar el control de la misma, por el riesgo de que intervenga
en su contra en las disputas por los procesos de privatización y los negociados
que se han generado con la implementación del TLC. Sin embargo, ni al arismo,
ni a ningún otro sector de la burguesía, se le ocurre denunciar a la Sala IV
por la destrucción de los derechos laborales que consagran las convenciones
colectivas de trabajo, un terreno donde este tribunal sí se ha excedido, violando sus competencias. Esta es una prueba tajante, de la naturaleza reaccionaria
de la Sala IV, más allá de que en algunas circunstancias pueda fallar a favor
del respeto a derechos ciudadanos cercenados por el gobierno.
En la crisis institucional actual, aunque damos por un hecho
que el magistrado Cruz tiene derecho a permanecer en su puesto, por la votación
legislativa extemporánea para no reelegirlo, y exigimos que cesen las maniobras
de los Arias, advertimos a todas las organizaciones obreras y populares, de la
necesidad de exigirle a la Sala IV que cese su ofensiva para destruir las
conquistas laborales apropiándose una competencia que la Constitución no le da.
Al mismo tiempo señalamos que el problema de fondo es esta
falsa democracia, que solo beneficia a los
ricos. Por ejemplo, este conflicto pone
al desnudo la forma antidemocrática cómo
se eligen los magistrados del poder judicial, mediante el voto de la Asamblea
Legislativa, y no mediante el voto popular directo y secreto. Este nuevo
recrudecimiento de la crisis política del país, que pone en el tapete la
agudeza de las contradicciones entre “lo de arriba”, hace necesario que “lo de
abajo”, es decir, el movimiento obrero y popular a la proponga no un mero cambio de magistrados, sino un cambio profundo
en el régimen político de este país, planteando la necesidad de refundar al
país sobre nuevas bases de justicia social, tarea que solo con la movilización independiente
y el desarrollo del poder obrero y popular, podrá concretarse. Porque lejos de depositar esa tarea en manos de
alguna figura “salvadora” salida de las filas
de la cúpula institucional y la mafia política de este país, hoy más que
nunca debemos reafirmar que: ¡Solo el pueblo salva al pueblo!
¡ALTO A LAS MANIOBRAS DE LOS ARIAS PARA PONER LOS JUECES A
SU SERVICIO!
¡BASTA DE ATAQUES DE
LA SALA IV A LOS DERECHOS LABORALES!
¡ENFRENTEMOS EN LAS CALLES LA REPRESIÓN DEL GOBIERNO DE
CHINCHILLA!
Partido Revolucionario de las y los Trabajadores- Juventud
Revolucionaria
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