David Morera Herrera
EL Gobierno de Martinelli y su
partido empresarial: Cambio Democrático, con el copamiento del poder
legislativo, ha engendrado una conmoción espectacular en el país, al aprobar en
tiempo record la Ley
72 que pone en venta al mejor postor las la Zona Libre de Colón
(ZLC), que desde 1948 constituye terreno público y es considerada patrimonio nacional. El
modelo hasta ahora consistía en que los comerciantes arrendaban los lotes donde construían sus
almacenes comerciales y bodegas para
vender sus mercancías libres de impuestos, y por el que pagaban un canon al Estado,
que se supone debe invertirse en el desarrollo social del pueblo colonense.
Es un secreto a voces en los círculos políticos que tras la privatización de la ZLC se encuentra la intención
de Martinelli y su camarilla de comprar
el paquete inmobiliario. Otros analistas apuntan que con la enorme suma de
dinero que proyectan obtener con la venta de esas tierras e instalaciones el partido Cambio
Democrático y sus socios pretenden
derrocharlo en clientelismo y
continuar el festín del saqueo de los bienes
públicos.
La prepotencia de la camarilla en
el poder fue tal, que ante las quejas de algunos diputados de oposición por el
ritmo a “golpe de tambor” con el que se
aprobó de la Ley 72, el presidente
legislativo Chello Gálvez, respondió con ironía: “a llorar los muertos al
cementerio”.
Esta frase cínica no tardaría en
adquirir una dimensión siniestra. El propio 20 de octubre se desata la ira
popular en Colón, se levantan las barricadas y cunden las manifestaciones en
toda la provincia, ese mismo día el
Gobierno mafioso de Martinelli opta por al represión a gran escala, movilizando
no solo a la policía nacional sino al Servicio Nacional de Fronteras
(SENAFRONT), armados hasta los dientes.
Los militares lo primero que hacen es resguardar los supermercados 99,
propiedad de Martinelli, evidenciando groseramente el papel de las fuerzas
armadas al servicio directo de los capitalistas en el poder. Se generalizan entonces los combates en las
calles. Empezaba así el derramamiento de sangre en Colón: los primeros caídos el niño José Patricio Vega
Betancourt, de 9 años de edad, y el obrero Andreve Dixon, de origen kuna.
Pero no contaban Martinelli y sus
secuaces con la dignidad y el heroísmo ejemplar
del pueblo de Colón que, convocado por el Frente Amplio Colonense, estalló en una verdadera insurrección popular, que al momento de
escribir estas líneas tiene en jaque al Gobierno, que empieza a trastabillar.
Panamá se coloca en
el epicentro revolucionario del istmo
Luego de las grandes
movilizaciones de Honduras contra el golpe que, ante la inconsecuencia de la
dirección zelayista fueron mermando y terminaron en el callejón del juego
electoral, todo indica que hoy Panamá tiende a colocarse a la vanguardia de la lucha obrera y popular
en el istmo centroamericano Recuérdese, como antecedente, que al año pasado el
pueblo originario Ngabe Bugle libró
grandes combates, con elementos insurreccionales, contra las hidroeléctricas y
la minería.
El común denominador es la
respuesta de las masas a un modelo económico mafioso, altamente depredador, que
expresa el Gobierno de Martnelli, que está entregando velozmente lo que queda
del patrimonio nacional y los recursos del país a las transnacionales, con su
sequito en calidad de socio menor.
En este marco, la Liga de Trabajadores-as Hacia
el Socialismo (LTS) nuestra organización hermana en Panamá ha tenido una constante iniciativa para unificar las luchas, y hacer
conscientemente explícito ese común denominador, entendiendo que solo si se extiende la movilización a todo el
territorio panameño con la huelga general, se podrá imponer un triunfo
contundente de las masas, que no es descartable pueda provocar una herida de
muerte al gobierno. En este momento
álgido está en juego una cuestión
decisiva: si la movilización avanza y triunfa entramos en una nueva
etapa revolucionaria en Panamá, si es derrotada, el retroceso será igualmente
dramático.
Cuando escribimos
estas líneas la rebelión de masas en Colón se mantiene, se recrudece y se
extiende a otros puntos de la geografía
panameña. Para ilustrar la magnitud de la situación, reproducimos un fragmento
del comunicado de la CGT
de Costa Rica que describe con claridad los acontecimientos: “(…) El día 25 de octubre continúan
las protestas en el pueblo de Colón, que ya están cumpliendo casi una semana.
La represión policial ha tomado tintes brutales, las fuerzas policiales han
ingresado inclusive a las iglesias para continuar con la represión de las y los
manifestantes. En las protestas de esta semana ya han muerto cinco personas; la
última de ellas: Irasema Ramos,
funcionaria de la Caja
del Seguro Social, la cual conducía una ambulancia que fue impactada por una
bomba lacrimógena. Estas muertes se suman a las más de 10 de la masacre de
Bocas del Toro y a las dos muertes ocurridas el año pasado durante las
protestas de los pueblos indígenas del pueblo Ngäbe-Buglé, contra la minería y
las hidroeléctricas; es decir, el gobierno de Martinelli ya va engrosando dos
docenas de asesinatos en protestas populares.
El jueves 24 de octubre se lanzaron a la calle a protestar en solidaridad
con el pueblo de Colón distintos sectores sociales y las protestas se han
extendido por distintas ciudades del país, entre ellas la capital, ciudad de
Panamá. El poderoso sindicato de la construcción SUNTRACS cerró durante varias
horas varias calles y zonas de la capital, entre ellas la calle 50, el Puente
de las Américas, Los Andes y Nuevo Tucumen. Por la noche realizaron un nutrido
encuentro en donde decidieron realizar una huelga de 24 horas y llamar a un
encuentro sindical y popular el sábado 27 de octubre a las 9:00 a.m. Otras
organizaciones que han dado muestras de solidaridad han sido el Frente de
Defensa de la Soberanía
(FRENADESO) y el IX Congreso Ngäbe Bukle y campesino”.
Por su parte, el Gobierno,
dejando de lado su altanería inicial, empieza
a dar más bien muestras de retroceso. El 23 de octubre en conferencia de
prensa anunció que no derogaría la ley 72, pero que suspendería temporalmente
el artículo que establece la venta de
los terrenos de la ZLC. Ese
mismo día en la noche en su cuenta de
twiter Martinelli indicó: "Si
el pueblo Colonense no quiere que se vendan las tierras de ZLC, se derogará la
venta y los aumentos de alquileres 100% para Colón".
Con su olfato burgués, Martinelli
trata de enfriar el movimiento. Este es un efecto distorsionado de la fuerza de la movilización. Es correcta
la postura que han planteado la dirección del Frente Amplio Colonense, en la
que participa la LTS , de no conversar absolutamente nada con el Gobierno
hasta que se derogue la ley 72 de manera definitiva y total. Es un acierto de la LTS además, que desmarca claramente del sector burgués de los
comerciantes de Colón, plantear la exigencia de que no solo se derogue la Ley 72, sino que se aumente el
canon a los empresarios que usufructúan de la ZLC , para invertirlo en programas sociales en
beneficio del pueblo de Colón.
El paso que hay
lograr es la Huelga General
En este preciso momento para avanzar el movimiento se hace imperativo
que las direcciones mayoritarias, en especial FRENADESO y SUNTRACS, concreten la
HUELGA GENERAL INDEFINIDA, y opinamos que de lograr
ese objetivo se pone en el tapete la consigna central de: ¡ABAJO EL GOBIERNO
ASESINO DE MARTINELLI! A la vez, si la
lucha obrera y popular avanza y se fortalece en esa perspectiva, las y los
revolucionarios debemos orientar a
potenciar o a empezar a construir
organismos de poder obrero y popular.
Es necesario que las
organizaciones obreras y populares, encabezadas por FRENADESO, SUNTRACS, el
Frente Amplio Colonense, las organizaciones indígenas, el FAD, ANFACSS, las
organizaciones magisteriales, etc, convoquen a un Congreso Obrero, Campesino,
Indígena y Popular, democrático y abierto, para fortalecer y unificar a todo el
movimiento con un solo Pliego de demandas
y Plan de Lucha. A la vez hay que
proponer que este Congreso o Encuentro, en el marco de la agudización de la
crisis política, debe garantizar la Huelga General para tumbar al tirano Martinelli y exigir la Convocatoria a una
Asamblea Nacional Constituyente, libre y soberana, para refundar el país sobre
nuevas bases. En ese marco las organizaciones clasistas y combativas
pueden levantar y proponerle a todo el
movimiento de masas un Plan o Programa
que acabe con la profunda desigualdad social, la descarnada explotación
capitalista, el sometimiento al imperialismo y el saqueo de la naturaleza,
liquidando de raíz el modelo neoliberal, entre otras cosas, anulando las
concesiones mafiosas a las
transnacionales y a los empresarios corruptos, recuperando el patrimonio
nacional y la riquezas naturales para los panameños, nacionalizando de la banca
y declarando al moratoria de la deuda
externa, imponiendo la autonomía indígena, dando tierra para el que le trabaja,
escala móvil de salarios, control de precios y tarifas.
¡Abajo el asesino Martinelli!
¡Ruptura de relaciones diplomáticas con Panamá!
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