Hay que reconocerlo: con el tecnicismo
propio de los burócratas de los organismos financieros internacionales, el
ministro Ayales “precisó” la redacción del plan B y del proyecto de Ley de
Empleo Público, y se apresta a la batalla para reducir el déficit fiscal,
imponiendo el control dictatorial de Hacienda sobre el gasto público gracias al
primer proyecto y eliminando convenciones y pluses salariales con el segundo.
En una campaña bien orquestada con los
medios, se pretende hacer creer a la opinión pública, que los “excesos”
salariales y en el pago de la cesantía, comprometen la sostenibilidad
financiera del estado.
La evasión fiscal, la sangría
multimillonaria de las asesorías y el despilfarro en que incurren los jerarcas
no cuentan. Son los “privilegios” de las trabajadoras(es) los que nos llevan al
precipicio –repiten sin inmutarse.
No negamos que las jefaturas y los
altos puestos de las instituciones públicas gozan de verdaderos privilegios en
materia salarial y de otros beneficios. La austeridad que pregona Ayales no va
dirigida, sin embargo, contra ellos. Si los proyectos pasan, las víctimas van a
ser otras. Nada tan aleccionador como el reajuste por costo de la vida de este
semestre: a las capas profesionales de la administración pública se les aumentó
un 2,66 general y un 1% extra para compensar los 5000 colones del primer
semestre, y a guardas, conserjes y demás administrativos sólo se les dio el
2,66% (bien por debajo de la inflación real) porque los 5 000 colones fueron
demasiado para ellos en el primer semestre.
Vergüenza que Albino Vargas de la
ANEP, los burócratas de la Rerum Novarum y otros que ahora proclaman la guerra
a los proyectos de Ayales, hayan aceptado este reajuste salarial en el acuerdo
que firmaron en marzo en Casa Presidencial.
Es urgente salirle al paso al
gobierno, conformando un gran frente de lucha contra los proyectos. APSE, la
CGT, UNDECA y el FIT-CAJA, los sindicatos municipales, deben asumir de forma
democrática y amplia esta convocatoria.
Sin embargo, no podemos reconocerle
ninguna representación a gente como Albino Vargas, que la prensa ya comenzó a
levantar, con el propósito de que encabecen el proceso de negociación del
proyecto de Ley de empleo público (ahora llamado “Anteproyecto de ley para el
ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector
público”), negociación que se pactó, a seis meses plazo, en el acuerdo de marzo.
La maniobra del gobierno es clara:
aparentar una negociación del proyecto, para desarmar la oposición sindical al
mismo, y dejar que corra el año, mientras logra un consenso para pasarlos
rápidamente en la Asamblea Legislativa… a más tardar en diciembre o enero,
cuando la movilización se vuelve difícil por las actividades distractoras del
fin de año.
No somos derrotistas. Los proyectos
pueden ser frenados, aunque todas las fracciones de los partidos burgueses
están dispuestas a aprobarlos: los diputados del PLN para que siga la robadera
y la oposición para proteger a los evasores del fisco. Sin embargo, para
pararlos es necesario dar una lucha frontal desde ya, comenzando por alertar y organizar a las
trabajadoras(es) en sus centros de trabajo, para ir en octubre a las primeras
medidas de movilización: que proponemos arranquen con una huelga de 48 horas,
con piquetes y marchas. Si no golpeamos rápido y contundentemente, el bloque
burgués que le prometió a Ayales apoyar los proyectos (PLN-PAC-PUSC-PASE-evangélicos)
no se va a resquebrajar.
Es necesario por eso, responder
políticamente a la ofensiva del gobierno, que pretende responsabilizar a los
salarios de las trabajadoras(es) de la crisis. Hay que ir a la negociación,
pero sin perder de vista que es una trampa: hay que ir a exigir que se ponga
fin al fraude y la evasión fiscal, a plantear que se acaben las asesorías y se
castigue a ministros corruptos como Garnier, a denunciar los privilegios de los
jerarcas del gobierno y exigir que cese el despilfarro y la robadera. Estamos
seguros que, si ponemos el dedo en la llaga, el gobierno no va a aguantar esta
“negociación” y va a terminar con la farsa.
Al mismo tiempo, para ampliar la lucha
y ganar el apoyo de otros sectores populares, el movimiento sindical combativo
debe promover el apoyo a las reivindicaciones populares, en particular la lucha
en defensa de la CCSS y contra las alzas de tarifas en los servicios públicos.
¡Hay que desenmascarar la negociación tramposa del gobierno!
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