Hablemos
de inequidad salarial, pero
hablemos en serio:
El
Gobierno quiere engañar al pueblo
Después del fracaso del paquetazo fiscal , luego de que se ha dejado en la completa
impunidad el festín de las consultorías con el BCIE encabezado por Rodrigo
Arias y el caso ICE-ALCATEL que evadió Figueres , luego de que destaparon los
vergonzosos casos de evasión fiscal del ex ministro Herrero y los chorizos de
tráfico de influencias que involucran al vicepresidente Liberman y al ministro
de Educación Garnier, relacionados en la contratación de asesorías a la consultora
Procesos, propiedad de Flor Isabel Rodríguez, esposa de Herrero, y por si fuera
poco, después del monumental escándalo de corrupción evidenciado con la
construcción del Trocha fronteriza; el gobierno de Chinchilla se ve obligado a
sacar el arsenal pesado, dos proyectos de Ley, el llamado Plan B: la Ley de manejo eficiente de las finanzas públicas y la semana
anterior anunció la siguiente movida, el plan C: la Ley para el ordenamiento
de las retribuciones adicionales al salario base del sector público.
Les llamamos plan B y plan
C para nombrarlos con mayor facilidad, pero estos dos proyectos en realidad son
complementarios y representan una arremetida brutal en contra de la clase trabajadora
y contra el patrimonio público de las y los costarricenses.
El plan B
De aprobarse el plan B,
todas las instituciones públicas pasarían a estar reguladas por la Autoridad
Presupuestaria; es decir, cuando lo deseable sería que instituciones como el
Patronato Nacional de la Infancia ganaran autonomía, el gobierno de Chinchilla
realiza el esfuerzo contrario, quitarle autonomía a la Caja Costarricense del
Seguro Social, a las universidades públicas y a las municipalidades, para tener
un mayor control de los recursos y los presupuestos. Esto es muy peligroso,
porque permitiría una mayor injerencia del Poder Ejecutivo sobre las instituciones,
lo cual podría facilitar procesos de debilitamiento institucional en
instituciones clave. Sabemos, por ejemplo, que existe una política de deterioro
institucional en la CCSS que se ha venido aplicando desde hace muchos años,
cuyo objetivo es obligar a la población asegurada a recurrir a los servicios
privados de salud. De aprobarse este fortalecimiento de la Autoridad
Presupuestaria podrían utilizarse una mayor cantidad de mecanismos burocráticos
para debilitar al seguro social.
El discurso del gobierno
plantea que lo que buscan es hacer un manejo más eficiente de los recursos
públicos, pero en realidad lo que pretenden es tener más recursos para que el Poder Ejecutivo pueda usarlos a
su antojo. Veamos el proyecto con más detalle: en el Artículo 6° dice textualmente:
“Autorizase a las instituciones públicas y los órganos desconcentrados que prestan servicios públicos divisibles
para que cobren por estos. Los recursos obtenidos de dicha forma serán utilizados
para asegurar el funcionamiento de la institución, incluyendo el financiamiento
de sus gastos operativos y el pago de su planilla”. Más adelante, en el mismo
artículo 6° establece que las instituciones públicas y los órganos
desconcentrados, de aprobarse el proyecto de ley, después del primer año deberá
cubrir con estos cobros el 25% de sus gastos, y aumentará un 25% por año, de
manera tal que después de cuatro años las instituciones públicas, independientemente
de si son rentables o no, estaránobligadas
a vender servicios para poder subsistir y el gobierno central se
libraría de su obligación de financiamiento, dejando recursos libres para el
gobierno central.Por otro lado, en el artículo 8° dice que las instituciones
deberán transferir el 25% de sus utilidades al Poder Ejecutivo. El artículo 4°
dice: “Las entidades públicas deberán reintegrar al Fondo General del Gobierno,
las sumas correspondientes a superávit libre…”. Es decir, el objetivo de este
proyecto de ley es, por un lado, aumentar el control que el gobierno central
tiene sobre las instituciones autónomas y los órganos desconcentrados y, por
otro lado, reducir la cantidad de dinero que se invierte en las instituciones
públicas, aumentando así los recursos del Fondo General del Gobierno, conocida
como caja única del gobierno central.
El plan B lo que pretende
es una especie de privatización solapada de los servicios públicos que brindan
las instituciones, pues al obligarlas a financiarse con las ventas de
servicios, lo que hacen es trasladarle a la población usuaria los costos. Como no
lograron aprobar el paquetazo de impuestos ahora pretenden dejar los recursos
recaudados por los impuestos en la caja única del estado y trasladarle a la
población usuaria el costo de los servicios. Es decir, en la práctica, vamos a
tener que pagar dos veces por recibir los servicios públicos: en los impuestos
que nos rebajan, porque ya existen impuestos para financiar las instituciones,
y a la hora de recibir los servicios
públicos que necesitemos, nos van a volver a cobrar por usarlos.
El plan C
Con el plan C, que en
realidad es como un complemento del plan B, el gobierno de Laura Chinchilla
pretende equiparar hacia abajo los salarios de las y los funcionarios públicos.
El plan C plantea, en la
práctica, la eliminación de las convenciones colectivas en el sector público,
en el artículo 7° el proyecto de ley dice textualmente: “Toda convención colectiva nueva o su renovación, así como todo
reglamento, contrato, convenio, acuerdo, estatuto o acto que permita el otorgamiento
de beneficios económicos deberán entenderse limitados por esta ley. Cuando las convenciones
colectivas suscritas en el Sector Público contengan cláusulas que establezcan que
la convención se mantiene vigente hasta tanto se negocie una nueva, se entenderá
que el plazo para una nueva negociación no puede exceder el plazo de 6meses.Superado
ese plazo sin que se concrete la nueva negociación, la administración procederá
a denunciar la convención colectiva correspondiente.” El gobierno ha insistido
en su discurso que no se afectarán los derechos de las y los trabajadores que
actualmente laboran para el estado; sin embargo, cuando se denuncien las
convenciones colectivas vigentes, no solamente se afectarán los funcionarios que
vienen entrando a la función pública sino a todas y todos los trabajadores de
la institución en cuestión.
Algunos de los derechos adquiridos que se verían afectados con
esta ley sería el de la ruptura del tope de cesantía que existe en algunas instituciones
del Estado, así como el pago de las incapacidades. Un poco lo que ya habíamos
planteado anteriormente, la aplicación de estas medidas para las y los
trabajadores de la CCSS era la punta de lanza, una especie de laboratorio
social que ejecutó con mucha frialdad y eficacia Ileana Balmaceda, un poco como
para tantear el terreno. Ahora que lo han aplicado con éxito, pretenden
extenderlo al resto de funcionarios y funcionarias públicos. Pero también el
proyecto de ley arremete contra la dedicación exclusiva, la disponibilidad y
las anualidades.
Para justificar todo esto
el gobierno ha hecho un enorme despliegue mediático, diciendo que los
funcionarios públicos son abusivos y que por los enormes privilegios que tienen
el gobierno está quebrado. Sin embargo, si el Gobierno de Laura Chinchilla está
dispuesto a discutir sobre la inequidad salarial, en la Central General de
Trabajadores estamos dispuestos y dispuestas a tomarle la palabra. Pero
empecemos por establecer con claridad en dónde es que están verdaderamente los
privilegios y los abusos.
Atando Cabos
En un artículo publicado en El
financiero, la última semana del mes de febrero de 2010, que lleva por título
“Bajos salarios atan al gabinete” se
expone de manera dramática lo que se considera es “el dilema de la Presidenta”:
“El salario promedio de un ministro puede representar
apenas de un 60% a un 70% del ingreso de un miembro de una junta directiva, un
40% del salario de un gerente exitoso, y menos de un 20% de un presidente de
empresa con experiencia, según estimaciones del mercado de la firma Manpower.”
En el mismo artículo se plantea que los salarios de las y los jerarcas
institucionales, no sólo no son competitivos con el sector privado, sino que
tampoco lo son con relación al resto de Centro América; que por ejemplo, en
Panamá ganan el doble que aquí y que los salarios que se reciben en México,
Chile o Colombia simplemente dejan “al país perdido”. En el artículo se dice
que Laura Chinchilla afirma que será muy difícil llenar los puestos de su
gabinete con los salarios disponibles, pues un salario de $4.200 al mes no es
atractivo y coincide con Rodrigo Oreamuno, ex vicepresidente y ministro de la
presidencia durante el gobierno de José María Figueres, que es necesario
aumentar los salarios del gabinete, pero que esta reforma, por ser impopular,
la debe realizar un gobierno saliente.
¿Para qué quiere entonces el gobierno de Laura Chinchilla
aumentar, mediante el control y la restricción del gasto de todas las
instituciones públicas, la caja única del Estado, y al mismo tiempo reducir los
salarios de las y los funcionarios públicos? ¡Pues claro!, para aumentar el
salario de las y los políticos empresarios que nos mal gobiernan; para seguir
pagando sumas millonarias por consultorías a compadres y comadres, como las que
le pagaron a la empresa Procesos; para continuar haciendo trochas “mochas”,
como la que hicieron en la frontera norte, para seguir con el mecanismo de la
concesión de servicios a terceros y la concesión de obra pública y así
continuar privilegiando a amigotes y amigotas, testaferros y socios, que ya de
por sí son de la gente más privilegiada de este país.
Las y los políticos empresarios, que tienen el control del
gobierno, también tienen el control de las empresas, esas mismas empresas que
dirigen y de las cuales extraen ganancias multimillonarias, a costa del trabajo
de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras, ingresos tan enormes que hace
que arruguen la cara al ver los salarios de más de $ 4.000 que paga el Estado
costarricense a las y los altos
funcionarios, con los impuestos que se le cobra
a todo el pueblo.
Son estos mismos políticos empresarios, los mismos que se rasgan
las vestiduras en las páginas de El Financiero, los que están tratando de
convencer a las y los trabajadores del sector privado que las y los
trabajadores del sector público son unos abusivos y que los sindicatos
solamente defienden privilegios. El problema no es que los sindicatos del
sector público defiendan las convenciones colectivas y los derechos adquiridos,
el problema es que las y los trabajadores del sector privado no tienen ni
siquiera los derechos mínimos, no tienen ni siquiera derecho a organizarse, pues,
aunque en la Constitución Política diga que en Costa Rica existe y se respeta
la libre sindicalización, todo mundo sabe que, en la empresa privada, las y los
trabajadores que intentan organizarse son despedidos y despedidas, perseguidos
y perseguidas por sus patronos con técnicas muchas veces gansteriles. Cuando las
y los trabajadores de la empresa privada no les pagan horas extra, cuando son
sometidos y sometidas a hostigamiento sexual o laboral, cuando tienen
sobrecarga laboral, tienen solamente el derecho de quedarse callados y calladas
y seguir trabajando; porque en este país la democracia se acaba cuando las
personas cruzan la puerta de la fábrica o la empresa.
¿Quieren entonces hablar de equidad salarial y laboral? Está bien, hablemos, pero hablemos en serio.
Pueblo de Costa Rica: No traguemos el anzuelo, no nos dejemos
engañar: arrebatando los derechos y congelando los salarios de las y los
trabajadores públicos, los sectores dominantes lo único que quieren es tener
más recursos para continuar enriqueciéndose a manos llenas, saqueando los
recursos del Estado, y al mismo tiempo, destruir las organizaciones sindicales.
¡No lo permitamos!
JUNTA
DIRECTIVA
CENTRAL
GENERAL DE LAS Y LOS TRABAJADORES (CGT)
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