Para derrotar al Gobierno hace falta la unidad de
la clase trabajadora
Una huelga de las dimensiones requeridas no se
prepara en un día.
Por Adrián Jaén España, promotor de la Central General de las
y los Trabajadores (CGT) y del Sindicato de la Salud y la Seguridad Social
La
tensión del conflicto en torno a la situación de la Caja Costarricense del
Seguro Social (CCSS) vaticina un enfrentamiento de grandes magnitudes,
equiparable probablemente solo al conflicto por la defensa del ICE con el que iniciamos
las y los costarricenses el presente siglo.
El Informe de los notables: crónica de un
sabotaje anunciado.
Tal y
como lo advertimos en un artículo anterior,el gobierno y los sectores
empresariales interesados en convertir a la CCSS en una institución ruinosa,
para empujar a la población hacia la atención médica privada, han utilizado el
“Informe de los Notables”[1]
como hoja de ruta, aplicando de forma sistemática las recomendaciones que
golpean con más fuerza a la clase
trabajadora. [2]
El 5
de mayo de este año la Junta Directiva de la Caja le propone a los sindicatos
bajar el tope de cesantía a 12 años[3],
tal y como proponían el informe; el 22 de junio La Nación informa que la CCSS
aplicará 45 medidas de austeridad: “Para Ileana
Balmaceda, máxima jerarca de la Caja, muchas de las medidas sobrepasan las 81
[Sic] recomendaciones que a finales del año pasado dieron la Comisión de Notables, de las cuales ya han atendido más
del 60%.”[4]. El 12 de julio la Caja
dice que ya ha cumplido con 61 de las 81 recomendaciones: “Modificaciones en el
pago de cesantía, de incapacidades y las remuneraciones por tiempo
extraordinario son algunas de las acciones que, según los jerarcas, han ayudado
a mejorar las finanzas.” Y más adelante, en el mismo artículo se plantea lo
siguiente: “Aunque la entidad no tiene el cálculo del impacto directo sobre las
finanzas que se espera en el futuro, Max Barbarena, técnico de la Dirección de
Planificación y quien está a cargo de coordinar la aplicación de las
recomendaciones, dijo que solo en el 2011 la Caja logró ahorrar ¢23.000
millones.”[5]
Como
se puede apreciar Ileana Balmaceda ha sido una funcionaria muy obediente, y
según el tinte que le da la Nación a las noticias, muy diligente. Sin embargo,
el problema es que el informe de los notables, como se planteó también
anteriormente, propone al mismo tiempo reducir el pago de horas extra,
reducir las guardias médicas, recortar personal y congelar las plazas, y como
es lógico, si se aplican todas estas medidas de manera simultánea lo que obtenemos es un debilitamiento de la Institución y un
desmejoramiento de los servicios. Max Barbarena no tiene claro aún cuál será el
impacto en las finanzas, lo que sí es claro es cuál es el impacto en los
servicios; para muestra un botón: el Hospital San Francisco de Asis, en Grecia,
es el mejor ejemplo de lo que ocurrirá con muchos de los centros que ofrecen
servicios de salud en nuestro país. Tal y como denuncia Bandera Roja, en la
edición anterior: “Debido al recorte del presupuesto se suspendieron las
guardias médicas que atendían las emergencias por las noches, cambiando a una
modalidad llamada disponibilidades médicas con consecuencias desastrosas en la
atención a los asegurados…”[6]
Es
decir, que por ahorrarse unos pesos, la Junta Directiva de la CCSS somete a los
asegurados y aseguradas de la Caja a situaciones que rayan en la tortura, como
los 107.288 pacientes que esperan una cirugía, lista que encabeza el San Juan
de Dios, con 17.322 cirugías pendientes.[7]
Curiosamente cuando la actual presidenta ejecutiva de la CCSS intervino el
hospital San Juan de Dios, en el año 2007, se le había encomendado la tarea de
eliminar la presa quirúrgica, que en aquel momento era de 7 mil pacientes[8];
es decir, después de que Balmaceda pasó por ahí la presa ha aumentado en 10 mil
personas. Al parecer el perro de traba de Chinchilla, que ha resultado ser tan
eficiente aplicando las medidas propuestas por los notables y haciendo recortes
presupuestarios, no fue muy eficiente solucionando los problemas de los
asegurados y las aseguradas. Cuando se le increpó por el estado de los
quirófanos del Hospital San Juan de Dios, Balmaceda hizo las de Pilatos: se
lavó las manos y responsabilizó al director que estuvo antes que ella, sin
embargo, Balmaceda, de interventora pasó a ser directora y estuvo en el puesto
hasta el año 2010, cuando pasa a ocupar el cargo que ocupa actualmente.[9]
Y es lógico, a Balmaceda no la pusieron en su puesto para mejorar la seguridad
social, sino para desmejorarla.
Nuevo Reglamento de Pensiones o el despojo de
los viejos pobres
A partir de marzo de este año empezó a
regir el nuevo reglamento del Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM), los
nuevos casos que ingresaron a partir de ese mes se les aplicará una nueva
fórmula[10],
según la cual en vez de recibir un 60% del salario la persona que se pensiona
recibirá entre un 43% (para los
salarios más altos) y un 52,5% (para los salarios más bajos); por otro lado, el cálculo del monto, que
hasta ahora se realizaba tomando en cuenta el promedio de los mejores 48
salarios devengados durante los últimos 5 años, se pasará a realizar con el
promedio de los últimos 240 salarios devengados, es decir, durante los últimos
20 años, lo cual es evidentemente desfavorable para el trabajador, pues aunque
se suponga que los cálculos inflacionarios se realicen correctamente, las
personas suelen ganar mejor durante los últimos años de su vida; si a esto se
le suma la reducción porcentual, el rebajo puede resultar ruinoso para la nueva
persona pensionada, sobre todo tomando en cuenta que las pensiones las aumentan
cuando suben los salarios una vez no y otra vez quien sabe. Pero si a lo
anterior le sumamos que la Caja está aplicando este nuevo reglamento de forma
retroactiva, pues no se está aplicando para las personas que están empezando a
trabajar sino para las personas que están a punto de pensionarse y que
cotizaron durante toda su vida con el régimen anterior, el acto constituye un
despojo. El régimen de pensiones costarricense fue un régimen pionero cuando
fue creado en la década de los 40 y durante mucho tiempo tuvo mejores
condiciones que los mínimos que estableciera la OIT en la década de los 50. Sin
embargo con la entrada de este nuevo régimen de pensiones las pensiones
costarricenses se pagarán por debajo de los estándares mínimos que establece la
OIT[11].
La aplicación de este nuevo reglamento, no solo es una medida injusta y
arbitraria, sino que afecta directamente a las trabajadoras y los trabajadores
más humildes; las pensiones más bajas, con el último aumento salarial subieron apenas
₵ 3.149, mientras en este momento se anuncian fuertes aumentos en el pan y el agua
potable.
Todo
esto es preocupante e indignante, pero se torna alarmante cuando a esto se le
suma el hecho de que el pasado 12 de julio de 2012, en el informe final del
Comité de Vigilancia del IVM,se plantea que la Superintendencia de Pensiones
(SUPEN) dice que el régimen de IVM podría empezar a tener insuficiencia de
recursos a partir del 2015, a pesar de que la Dirección Actuarial y de
Planificación de la CCSS proyecta sostenibilidad hasta el 2040, dato que
coincide con un estudio realizado por la OIT en el 2009. Preocupa que se esté organizando
otro montaje mediático, para empezar a ejecutar un plan de desfinanciamiento
del IVM, emulando el ya exitoso proceso que se vienen aplicando en los
servicios de salud; sobre todo si se considera que en el mismo informe el
Comité de Vigilancia recomienda que el IVM se subordine a la SUPEN, que se
separen la administración de los regímenes de IVM del régimen de Enfermedad y
Maternidad y que se le entregue la actividad crediticia de vivienda de la Caja
a un tercero, a pesar de que reconoce que la Caja lo ha venido administrando
eficientemente. Da la impresión de que la próxima recomendación, después de
separados los regímenes será entregar la administración del IVM a un tercero,
lo que en buen español quiere decir la privatización de la administración de
nuestras pensiones.
¿Quiénes son los responsables del desastre?
En un artículo de Opinión publicado en el diario Extra el 30 de mayo
pasado, titulado “La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo privado”[12],
Albino Vargas insinúa que la seguridad social costarricense está secuestrada
por los dirigentes sindicales: “la Caja es del Pueblo, no de los dirigentes
sindicales”, afirma. En el mismo artículo Vargas dice que los sindicatos de la
CCSS son cómplices del descalabro institucional. Ambas, la insinuación y la
afirmación son falsas.
En momentos en donde existen grupos económicos muy poderosos
interesados en que desaparezca la seguridad social en Costa Rica, ¿a quién le
sirve realmente acusar a los sindicatos de tener secuestrada a la seguridad
social? Los comentarios del señor Vargas, que al parecer tienen la sana
intención de poner en cintura los abusos del gremio médico, quienes, según el
señor Vargas, son los responsables directos de los grandes chorizos entre el
interés público y privado, en realidad lo que hacen es desviar la atención de
los verdaderos responsables. La responsabilidad radica en las presidencias
ejecutivas de la Caja, esta y las anteriores que han permitido los abusos
durante años de años, porque eso favorecía su interés principal, que ahora se
vuelve completamente evidente.
Desde hace muchos años se sabe que hay biombos, se sabe que la Caja
paga sumas millonarias a empresas privadas por servicios que puede prestar ella
misma, se sabe que la gente recibe un mal servicio por parte de la institución
y que esto no es porque no existan los recursos para la salud, sino porque han
sido, en el mejor de los casos, desviados para otros fines. A la Caja la vienen
sangrando a manos llenas los gobiernos de turno desde hace más de treinta años,
con el objetivo de debilitar a esta institución y favorecer los negocios de
medicina privada de sus amigos y socios; y a esto nos podemos referir largo y
tendido en otros artículos.
Ahora le queda muy fácil al gobierno que nos mal gobierna venir a
decir que es culpa de las y los trabajadores de la Caja la crisis
institucional, mintiéndole al pueblo de manera vergonzosa. Pero es más
vergonzoso que una organización sindical reproduzca el discurso gubernamental e
intente convencer a la población de semejante disparate.
En un editorial de la Nación publicado la semana pasada se insta a
la Caja a seguir los pasos del ICE y realizar una movilidad voluntaria, sobre
todo tomando en cuenta que la misma Junta Directiva de la CCSS, basándose en
las recomendaciones de los notables y en el informe de la OPS ha planteado que
sobra gente en oficinas centrales. Ante las declaraciones de Balmaceda de que se
reubicará la planilla en áreas de atención La Nación clama: “¡Todo, menos reducir la planilla!, parece ser la consigna
en la Caja, donde los sindicatos son celosos guardianes de sus “conquistas”,
incluyendo el crecimiento explosivo de una costosa burocracia.” Así planteado
pareciera que los culpables del desastre son los sindicalistas, como siempre.
Sin embargo, lo que el editorial de la Nación no aclara es que Balmaceda no
despide trabajadores y trabajadoras de la CCSS, no porque sea buena gente, sino
porque le está tapando la torta a su compinche, Eduardo Doryan, que
inmediatamente después de que se diera a conocer el informe de la OPS y
empezara a recibir los primeros cuestionamientos renunció a su puesto y ahora
está muy tranquilo en su casa. Pero lo cierto es que el verdadero responsable
de que se contrataran casi 11 mil plazas que no se ocupan es Doryan, en
particular, y el Partido Liberación Nacional, que no es la primera vez que
aprovecha el enorme aparato burocrático de la CCSS para hacer clientelismo
político.
También está muy tranquilo el Ex Gerente
de Pensiones, Miguel Pacheco, aunque está destituido del cargo todavía; también
está muy tranquila Ileana Balmaceda, a pesar de que su gestión en el San Juan
de Dios fue un desastre y ahora hay una presa quirúrgica mucho mayor de la que
había cuando ella entró a intervenir dicho hospital, para en teoría, poner las
cosas en orden. Porque mucha demagogia se ha hecho con el cuento de que los
empleados de la caja son unos abusivos y unos corruptos; pero si hay médicos
biomberos, si se cometen abusos con las incapacidades, si los doctores llegan
tarde al trabajo y toda la lista de abusos que han desfilado por los medios
durante los últimos meses, ¿no es a las jefaturas, en primera instancia, y
luego a las altas autoridades de la institución evitar que esto ocurra?Si
realmente existen abusos o actos de corrupción deben
ser eliminados de inmediato; sin embargo los casos de abuso deben ser
investigados y de hallarse falta castigados uno a uno; el gobierno y de manera
vergonzosa organizaciones sindicales han utilizado la falta de unos pocos y las
han generalizado, de manera demagógica, primero, a todo el gremio médico, y
luego a todos los trabajadores y trabajadoras de la caja.
Si se han permitido abusos y
actos de corrupción es porque en el fondo, el objetivo de las autoridades
nombradas por estos gobiernos no es el fortalecimiento, sino más bien el debilitamiento
institucional. Gerencias, direcciones, presidencias que cometen errores gruesos,
cuando no actos de corrupción y luego andan por ahí con total impunidad y se
van para la casa como si nada hubiera pasado.
No falta dinero, sobran chorizos
Los números que maneja la CCSS son astronómicos, la caja tiene un
presupuesto anual que supera el billón de colones; esto hay que tomarlo en
cuenta cuando se ve un titular que dice que la CCSS se ha ahorrado este año 23
mil millones, o que se ahorraron 8 mil millones por incapacidades.
La torta de Doryan le cuesta a la institución unos 62 mil millones
anuales, con un monto mucho menor que eso, con 6.500 millones se podría
contratar 500 médicos generales para que hubiera un médico más en los 500 EBAIS
de mayor demanda de los, aproximadamente, 1000 EBAIS que existen actualmente.
Esto reduciría enormemente las filas y reforzaría la tan importante atención
primaria de salud.[13]
La excusa para no hacer nada es el cuento de que la Caja está en
crisis y que no existen los recursos necesarios para el buen funcionamiento de
la institución, y que por lo tanto es mejor ir deshaciéndose poco a poco de algunos servicios. El argumento de
la falta de recursos es inadmisible, pues el artículo 177 de la constitución
política establece que si existiera algún déficit en la Caja el Estado está en
la obligación de cubrirlo, creando nuevas rentas para la institución , creando
en el Presupuesto Nacional las partidas para cubrir el faltante. Esto es
obligación de la Junta Directiva, sobre todo de la Presidencia Ejecutiva; es
decir, que Ileana Balmaceda tenía la obligación de prever que la institución
entraría en problemas financieros, y por lo tanto, solicitar ante el ministerio
de Hacienda que se tomaran las medidas del caso, por lo que Balmaceda ha
actuado, al menos, de manera negligente.
Cuando se funda la caja, en los años 40 del siglo pasado y se
establece el sistema tripartito de financiamiento, se define el aporte del
estado en 2,5% sobre todos los salarios, públicos y privados. Sin embargo,
durante su último gobierno, José Figueres, en 1971, reduce la cuota del Estado
a 0,25%. Durante el gobierno de Carazo, la cuota del estado se estables en
3,25%, esto sin aumentar los impuestos ni crear nuevos para financiar la Caja.
Luego, durante el gobierno de Arias se rebaja el 0,25%, hasta el gobierno de
Abel Pacheco, en donde el aporte del gobierno se establece en 0,41%.[14]
No se podría argumentar que no es posible aumentar la cuota del Estado debido a
la crisis económica, pues es bien sabido que durante el gobierno de Carazo se
vivió una crisis económica profunda en el país; en este momento y en las
condiciones actuales (es decir, con una deuda de cientos de millones de
colones), el gobierno realizó un aporte de casi ₵24 mil millones en el último periodo[15],
si el Estado aumentara su cuota de aporte a la seguridad social los recursos de
la CCSS aumentarían, al menos, en ₵100 mil
millones anuales, por lo que la crisis financiera de la Institución dejaría de
existir automáticamente con sólo que la Junta Directiva de la Caja tomara la
decisión de aumentar el aporte del Estado. Esta no sería una decisión
antojadiza, ni carece de respaldo presupuestario, pues desde que se crea la
CCSS se han pagado los aportes del Estado con los impuestos creados por la Ley
Constitutiva de la Caja, los cuales además, en teoría, deberían entregarse
íntegros a la CCSS y no ser gastados en confites.
Vienen los recortes
Desde la huelga del año pasado la CCSS tiene secuestradas las actas de
Junta Directiva, en este momento en la página oficial de la Caja, en la viñeta
que paradójicamente se llama “transparencia”, hasta hace poco simplemente no se
publicaban y ahora solamente hay “resúmenes” de las sesiones de Junta
Directiva. En el “resumen” de la sesión de Junta Directiva del 21 de junio de
2012, publicado en la página de la CCSS, se les olvidó incluir una nota,
suscrita por el Auditor Interno y dirigido a las gerencias, en las que se
realiza una revisión exhaustiva de los pluses salariales que devenga la caja y
cuanto se cancela por cada uno de ellos; la nota recomienda expresamente que
deberían eliminarse los pluses salariales y empezar a aplicarse en la Caja el
salario único en las nuevas contrataciones, como ya se está haciendo en otras
entidades públicas: “Es deseable que en entre [sic] las opciones o propuestas
que se analicen , se considere la modalidad de salario único para los nuevos
funcionarios que ingresen a laborar en la Institución. Conviene que esas
propuestas sean hechas del conocimiento de la Junta Directiva en un plazo
perentorio, de manera que puedan ser implementadas a partir de enero de 2013.”
Es muy posible que este sea el primer paso de la ofensiva antiobrera que
impulsa el gobierno, una vez institucionalizado el salario único intentarán generalizarlo.
El salario único debilita a la institución y presiona los salarios a la
baja, lo que también beneficia a las
empresas privadas de salud, que podrán pagar también salarios más bajos cuando
no tengan que competir con los salarios de la CCSS; pero también esto podría
provocar una fuga masiva de los mejores funcionarios hacia el sector privado.
Tendríamos entonces una seguridad social desfinanciada y con muchas
dificultades para retener a las y los especialistas, lo cual también
repercutirá en la atención de las y los asegurdados.
¿Qué hacer?
Para la clase trabajadora setorna urgente
precisar algunas consignas prioritarias para lograr el objetivo que, claramente,
se vuelve unívoco de defensa de la seguridad social y de defensa de los
derechos de los empleados y empleadas de la CCSS.
El
caso del Hospital San Francisco de Asís, en Grecia, se vuelve nuevamente
ilustrativo. El doctor Oscar Montero, jefe de Ginecología de ese centro
hospitalario fue suspendido en junio de este año durante un periodo de cuatro
meses por oponerse a los recortes presupuestarios. El Doctor Montero plantea en
un extracto publicado en el Diario Digital El País: “Me
pregunto cómo podemos los trabajadores ser los culpables, si estas horas extra
que paga la Caja significan un 2,7% solamente del presupuesto total, y
curiosamente las guardias médicas existen hace más de 30 años y nunca habían
quebrado a la institución.Pero hoy queremos decirles a las autoridades que no
se puede tapar el sol con un dedo, que ya sabemos quiénes son los verdaderos
culpables de esta crisis.”[16]
La represión de los movimientos de defensa de las trabajadoras y
trabajadores de la CCSS se ha convertido en cosa cotidiana durante los últimos
meses, desde las amenazas e intentos de despido a los anestesiólogos en Huelga
en diciembre anterior, la declaratoria de la prohibición de huelga por parte de
la Sala IV y también las persecuciones a personas específicas, como el caso de
la persecución del doctor Montero. Por otro lado, es la población asegurada la
que ya está empezando a recibir directamente los embates de los recortes presupuestarios. Tal como ya está sucediendo
en Grecia, las poblaciones afectadas debe organizarse y trabajar hombro a
hombro con los funcionarios y funcionarias que valientemente están saliendo a
defender la seguridad social; solo así lograremos que los verdaderos
responsables de esta crisis asuman sus responsabilidades y salvar la caja.
No se le puede brindar salud al pueblo sin el personal de la
Caja, sin doctores y doctoras, sin misceláneos y misceláneas, sin enfermeros y
enfermeras; sin el personal los hospitales son un cascarón vacío. Por otro
lado, la razón de ser del personal de la CCSS es la atención de las asegurados
y las aseguradas, si la burguesía logra su objetivo de quebrar la Caja las y
los trabajadores de la institución perderían el trabajo.
Ante las acciones represivas y el saqueo de la seguridad social
es urgente preparar una Huelga General en la CCSS, pero no una huelga loca,
como a la que nos arrastró el gobierno, azuzando con el tema de las
incapacidades el año pasado; sino una huelga bien preparada, desde las bases y
en estrecha coordinación con las comunidades afectadas por los desmejoramiento
de los servicios que impulsa el gobierno y las autoridades de la Caja. Es
urgente forjar la más amplia unidad de los sectores sindicales, incluyendo los
sindicatos que no son de la CCSS, pero como asegurados y aseguradas también se
verán afectados y afectadas, así como todas las organizaciones populares y
comunales que realmente quieran luchar y defender la seguridad social del país.
El Sindicato de la Salud y la
Seguridad Social (SISSS) presentó hace algunos días una propuesta de cinco
puntos al Frente Interno de Trabajadores de la CCSS (FIT-Caja), el cual fue
aprobado por el Frente:
1)
Habilitar más médicos en el servicio de
consulta externa en los EBAIS y crear nuevas plazas para habilitar unhorario
vespertinode cirugía y diagnóstico, para acabar con las largas listas de espera
en esos servicios asistenciales.
2)
Pago en efectivo e inmediato de la deuda del
Gobierno central con la CCSS. No aceptamos la estafa de los bonos como forma de
pago y las condonaciones ilegales de la deuda aceptadas por el ex Presidente
Ejecutivo Doryan.
3)
No a la impunidad frente a los actos
irregulares y presunta corrupción, en el caso de los manejos de los fondos de
IVM y SEM. Que renuncie Ileana Balmaceda por que ha agravado la crisis y
perpetuado la impunidad que viene desde la administración de Doryan.
4)
No al recorte presupuestario que conduce al
grave deterioro de los Hospitales, especialmente en casos críticos como Grecia,
Escalante Pardilla, Max Peralta, Tony Facio, Hospital de Guápiles, entre otros.
5)
Respeto
a los derechos adquiridos y los contenidos en la Normativa de Relaciones
Laborales en su integralidad. Respeto al derecho humano universal y
constitucional a la libertad sindical y a la huelga.
A esta lista habría que agregarle:
6) Que
se detenga la aplicación del nuevo reglamento de pensiones para que se siga
cancelando el 60% del salario, calculado en base a los 48 mejores salarios
percibidos durante los últimos cinco años; que se conceda la pensión después de
30 años de servicio, como lo establece el convenio 102 de la OIT, ratificado
por Costa Rica, y que se conceda la pensión por invalidez con el pago de una
sola cuota, como ocurre con el seguro de riesgos del trabajo.
7)
Que se eleve la cuota de contribución del Estado
al 3,25% sobre todos los salarios, públicos y privados, para asegurar la
sostenibilidad del sistema de seguridad social.
¡A preparar la huelga general para la defensa de la seguridad social!
¡Unidad popular y sindical para derrotar los planes privatizadores de los
ricos y su gobierno!
[1]
“El informe de los
notables es un documento elaborado por un equipo en el que el 75% de sus miembros son representantes
de la burguesía de este país, el cual hace recomendaciones basadas en un
estudio técnico realizado por la OPS, el cual a su vez se realiza
exclusivamente con información suministrada por la actual Junta Directiva de la
Caja y cuyo principal efecto es desviar la atención de la opinión pública de
temas muy candentes que se estaban discutiendo, como el tema de la deuda del
estado con la Caja o el tema de las irregularidades en la Gerencia de
Pensiones, al tiempo que posiciona temas antisindicales o realiza propuestas
que en caso de ejecutarse redundarían en el debilitamiento de la Institución.
El informe de los notables saca de la discusión política nacional los temas más
incómodos para el gobierno y termina de posicionar una visión empresarial y pro
patronal del conflicto.” Bandera Roja N° 83, diciembre de 2011.
[2] Hay que
recordar que el primer golpe se da
incluso antes del “Informe de los notables”, después del informe de la OPS, a
partir del cual se realiza una intensa campaña mediática acusando al personal
de la CCSS de cometer abusos con las incapacidades, lo que le permite a la
Junta Directiva de la CCSS eliminar la aplicación de una cláusula interna que
concedía el pago del 100% del salario en caso de incapacidad.
[3] “CCSS propone a sindicatos bajar el
cálculo de cesantías”, La Nación, 5 de mayo de 2012, http://www.nacion.com/2012-05-05/ElPais/CCSS-propone-a-sindicatos-bajar-el-calculo-de-cesantias.aspx
[4]Crisis obliga a CCSS a
recortar en plazas, sueldos y seguridad, La Nación, 22 de
junio de 2012, http://www.nacion.com/2012-06-22/ElPais/Crisis-obliga-a-CCSS-a-recortar-en-plazas--sueldos-y-seguridad.aspx
[5]CCSS ‘adelgazará’ su planilla en las oficinas
centrales, La Nación, 12 de julio de 2012,
http://www.nacion.com/2012-07-12/ElPais/CCSS--adelgazara--su-planilla-en-las-oficinas-centrales.aspx
[9]
La Nación, 18 de marzo de 2011,http://www.nacion.com/2011-03-18/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2717975.aspx
[12]La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo
privado, Diario Extra, 30 de mayo de 2012,http://www.diarioextra.com/2012/mayo/30/opinion5.php
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