lunes, 9 de abril de 2012

BASTA DE IMPOSICIONES DEL BANCO MUNDIAL EN LAS UNVERSIDADES

Por David Morera Herrera

El acceso efectivo de las y los hijos del pueblo a una educación universitaria de calidad, pública, científica y democrática, es una de los más grandes pilares para el desarrollo. La autonomía de las Universidades públicas, desde la gloriosa Reforma de Córdoba en 1919,  es futo de una larga lucha por la democratización de la educación superior, en tanto garantiza que los gobiernos de turno no impongan arbitrariamente al cuerpo docente, ni los programas de las cursos, ni las carreras que se imparten, a conveniencia de los intereses de las oligarquías nacionales y sus socios extranjeros. De tal modo, es un principio fundamental para garantizar docencia, investigación, acción social  y vida estudiantil, al servicio de los pueblos,  no de las élites gobernantes. La autonomía es además fundamental para garantizar la libertad de expresión y la libertad de cátedra. No por casualidad, una de las características más recurrentes de las dictaduras militares que cundieron en el pasado en América Latina, fue su sistemática violación a  la autonomía universitaria.

En Costa Rica, el 12 de abril del 2010 se perpetró el más grande y brutal golpe contra el principio constitucional de la autonomía universitaria, con ocasión de la ocupación intempestiva de casi un centenar  de agentes del OIJ y la fuerza pública del campus de la Ciudad universitaria Rodrigo Facio, sin mediar coordinación ni autorización de la rectora de la Universidad, como lo ha afirmado repetidas veces ella misma. La versión del OIJ es que pretendía detener a un solo guarda de seguridad y tránsito de la UCR, debidamente identificado, y con labores,  puesto y domicilio fijo, haciendo un alarde y despliegue de fuerza  y  efectivos completamente desmedidos. El resultado no solo fue la agresión física indiscriminada contra estudiantes y trabajadores universitarios, sino que puso en evidencia ser un  pretexto para un operativo mediático con el fin de desprestigiar, cuestionar y vulgarizar la autonomía universitaria. 

Poco tiempo después, las universidades públicas debieron emprender una dura lucha por presupuesto justo para el quinquenio 2011-2015, frente al equipo de Gobierno encabezado por los ministros Herrero y Garnier, que finalmente impuso una “negociación” el 26 de agosto del 2010, lamentablemente suscrita por cuatro rectores a espaldas de sus comunidades universitarias,  con severos perjuicios para la autonomía, así como el sano y adecuado financiamiento de las universidades. Las y los rectores aceptaron no solo montos de financiamiento muy inferiores a lo solicitado por sus comunidades, sino que además pactaron condiciones gravemente violatorias de la autonomía universitaria, como supeditar la posible erogación de fondos al nefasto paquetazo fiscal, así  como la sujeción a un préstamo con el Banco Mundial por 200 millones de dólares destinado a  megaproyectos de construcción, con el mecanismo de los fideicomisos. Desde ese momento se han incrementado las presiones neoliberales del Banco Mundial, que es de sobra conocido representa los intereses de las grandes potencias capitalistas, abriendo un proceso de  “negociaciones” entre equipos de tecnócratas, para hacer efectivos los desembolsos del préstamo. Los documentos  y el contenido de esas “negociaciones” las autoridades universitarias las han manejado  con secretismo.

Justamente, por iniciativa de un grupo de estudiantes de la Asamblea Coordinadora Autónoma (ACA), que presentó un recurso de amparo al efecto, la Sala Constitucional mediante voto 003805-2012 ha ordenado a los rectores hacer públicos dichos documentos, pero hasta la fecha en la UCR no han publicado lo sustancial, solamente han publicado algunos documentos que no son sustantivos.

Por otro lado, a raíz de las denuncias e  investigaciones contenidas en  material audiovisual difundido por el SINDEU, ha quedado claro que la violación de la autonomía universitaria perpetrada el 12 de abril del 2010, contó con la complicidad del actual vicerrector de administración y candidato a rector de la UCR: Héctor González Morera, quien además es parte decisiva del equipo que “negocia” con el Banco Mundial.

La rectora de la UCR Yamileth González debe  acatar sin más dilación la resolución de la Sala Constitucional y difunda ampliamente los documentos indicados, relativos a las conversaciones con el Banco Mundial, y se organice un amplio debate del tema por medio de una Asamblea General Universitaria, abierta a los tres sectores: docentes, estudiantes y  administrativos.

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