Editorial de la edición #117 de Bandera Roja, Octubre 2017
Luis Guillermo Solís ha señalado que la destrucción ocasionada por Nate “no tiene precedentes”. Efectivamente, al igual que el huracán Otto, que devastó Upala el año pasado, la tendencia es que estos fenómenos atmosféricos se vuelvan más fuertes y devastadores. Son un claro indicio del cambio climático con el calentamiento global del Planeta. Sólo estamos a mitad de la temporada de huracanes en el Caribe y ya la costa norteamericana del Golfo de México (Texas y Florida), las Antillas Mayores (especialmente Puerto Rico) y algunas de las islas de las Antillas Menores como Dominica y Saint Martin han sufrido un daño terrible.
Más rápido de lo que se toma conciencia, la devastación ecológica de Haití se generaliza a toda la región y con ello una creciente pobreza. Hemos visto que el gobierno capitalista más poderoso de la región, por la boca de Trump, ha dicho que no le queda mucho presupuesto para ayudar a Puerto Rico, y por esa razón menosprecia la magnitud del desastre en esta isla, un “estado asociado”quebrado por disminuir la carga fiscal sobre los empresarios y endeudarse para sostener el presupuesto público. Al momento de escribir este artículo el 9/10/2017, los costarricenses repatriados de Puerto Rico, cuentan que el 90% de la isla permanece sin electricidad y el abastecimiento de agua, combustible y comida tampoco se ha restablecido para la mayoría de la población.
Evidentemente, estamos mejor en Costa Rica, aunque haya medio millón de damnificados sin agua potable y muchos pueblos incomunicados. Cruzamos dedos, porque no somos creyentes en poderes sobrenaturales, para que la temporada de tormentas en el Pacífico no golpee más al país hacia fin de año.Luis Guillermo Solís no es tan torpe como Trump, que le vuelve la cara a Puerto Rico, para seguir en su política de incrementar el gasto militar y liberar aún más a los empresarios de la carga fiscal. Desde el huracán que afectó el Norte el año pasado, Luis Guillermo Solís ha rehecho su imagen volcando el gobierno a ayudar a los damnificados por desastres naturales y pese a los recursos limitados con que se cuenta y a los negocios multimillonarios que se cuecen desde la Comisión Nacional de Emergencias con gente como Juan Carlos Bolaños, se ha logrado algún dispositivo de ayuda en el momento de la emergencia. Hasta ahí, sin embargo, porque en lo que hace a la reconstrucción de las zonas devastadas y los bienes que perdió la gente, en la mayoría de los casos la política que han tenido los últimos gobiernos es restablecer caminos, escuelas y colegios, clínicas y EBAIS; y sólo muy limitadamente han dado vivienda.
Para restablecer su producción, donde las parcelas se pueden recuperar, a los campesinos sólo se les han abierto líneas de crédito en el Sistema Bancario Nacional ahogándolos aún más.Ahora, sin embargo, el problema es que la tarea de restablecer la red vial (para no afectar aún más a la economía nacional), le queda muy grande al gobierno por la magnitud del desastre. Ha hablado de seis meses y apela a la colaboración de las constructoras privadas. Francamente, no creemos que estas gentes por altruismo o patriotismo vayan a colaborar desinteresadamente, como lo hace la gente trabajadora que acude con donaciones a los centros de acopio de ayuda.
Apenas se normalice un poco la atención de los damnificados, el faltante de recursos para reconstruir carreteras y caminos va a hacer presión sobre la discusión del presupuesto nacional en noviembre, haciendo más que probable que con el concurso del PLN, el PUSC, los libertarios y el FA se meta tijera violentamente en gastos de salud y educación. Como este gobierno protege a los empresarios que evaden el pago de impuestos, no es de descartar tampoco que utilice como argumento la necesidad de recursos para la reconstrucción, con el fin de impulsar el paquete de impuestos al consumo y la renta que quiere imponer para sacrificar aún más a los sectores populares.
Los sectores populares deben responder movilizándose para exigir que los recursos para financiar la reconstrucción de las zonas devastadas salgan de los evasores del fisco. Hay que parar el derroche de recursos, terminando con las concesiones. Los obras de reconstrucción deben ser encaradas por el ICE, el MOPT y las municipalidades, bajo el control de las comunidades. La reconstrucción no debe ser una fiesta para algunos empresarios tramposos.
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