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domingo, 14 de abril de 2013

Editorial Bandera Roja


Para enterrar las concesiones

HAY QUE PREPARAR UNA HUELGA DE
BRAZOS  CAÍDOS EN OCCIDENTE

CON ACCIONES DE APOYO EN TODO EL
PAÍS

El chorizo de la concesión de la carretera General Cañas - Bernardo Soto en su tramo hacia  San Ramón, ha provocado una verdadera revuelta popular el 11 de abril. Las comunidades de San Ramón, Palmares, Naranjo, Grecia y Sarchí se movilizaron masivamente, cortando la vía en Palmares y San Ramón. En Alajuela, el cerco policial en torno a la tribuna oficial, provocó el repudio masivo de las madres y padres de familia que asistieron con sus hijas e hijos al desfile, que apoyaron la movilización de condena a Laura Chinchilla.

Con el estilo prepotente que caracteriza a la Presidenta, se retiró del sitio rápidamente, en medio de empujones de sus guardaespaldas a las y los periodistas que trataban de entrevistarla. Ni qué decir que la prensa ha aumentado la campaña contra la concesión. Canal 7, reflejando los sectores empresariales que sienten que se les van a encarecer los costos al elevarse el gasto en transporte, pidió abiertamente que se rescindiera.

Figuras del PLN, desde Bernal Jiménez, Presidente del partido (que quedó atrapado en su carro en medio de los manifestantes y sintió en carne propia el repudio popular) hasta los Araya (preocupados por el desgaste que puede sufrir la candidatura de Johnny), han aislado aún más a la Presidenta y el Ministro de Obras Públicas y Transportes: Pedro Castro, exigiendo que se revise la concesión.

En este marco en que al gobierno se le comienza a abrir una seria crisis, hemos venido planteando la necesidad de que las acciones se centralicen. La constitución de una instancia de coordinación de toda la región que une a los diferentes comités (el Foro de Occidente), debe ser el marco en el que se concrete esta necesidad de unificar el movimiento. La tradición asamblearia que existe desde la lucha contra el TLC debe servir para que la lucha sea conducida en permanente consulta con las bases del movimiento, y para que ningún dirigente se dispare por cuenta propia a negociar con el gobierno.

El movimiento debe reivindicar su independencia con relación a los alcaldes y los munícipes que dicen que están en contra de la concesión, pero que el gobierno quiere utilizar para negociar algunos parches al contrato (vía adendum) y desmovilizar la lucha.

La única forma de terminar con el chorizo es enterrando de una vez por todas las concesiones y para ello están dadas las condiciones, si se organiza, paralelamente a las acciones legales emprendidas, una huelga de brazos caídos en Occidente. Una acción de este tipo puede ser apoyada en el Atlántico (donde está la lucha contra la concesión de un nuevo puerto en Moín), por las comunidades afectadas con la concesión de los muelles de Caldera a los empresarios colombianos y de la autopista a la transnacional Autopistas del Sol, por el movimiento estudiantil, movimientos rurales como el de las y los compañeros de Matas de CR en lucha y otros sectores como el movimiento sindical.

Hay que exigir la destitución inmediata de Pedro Castro y hay que reivindicar que el MOPT construya directamente las carreteras, porque se viene demostrando reiteradamente que el costo es muchísimo menor. La carretera nueva de Cañas a Liberia (con puentes, más carriles y en cemento) tiene la misma distancia y un costo cuatro veces menor. El chorizo de la concesión a la brasileña OAS es puro recarpeteo, y un negocio formidable, al dispararse los peajes a 4000 colones.  La concesión es por 30 años (prorrogables por otros 20), y se calcula que en menos de 4 años la empresa estaría recuperando la inversión de $500 millones de dólares que alegan van a hacer, que se sabe de antemano que está sobredimensionada.

Pero en este nuevo episodio de chorizos, que se suma a la escandalosa trocha fronteriza y muchos otros, se evidencia el mecanismo perverso de las concesiones, con las que se avanza en las privatizaciones encubiertas y se fabrican colosales negocios “compadre hablado” para los políticos empresarios. No solo hay que acabar con la concesión de carreteras, hay que acabar  también con las odiosas concesiones  de los muelles de Caldera y del Caribe y las concesiones de los servicios de la CCSS a empresas que lucran con la salud, disfrazadas de cooperativas, como quedó al desnudo con la lucha en defensa de los EBAIS de Montes de Oca, Curridabat y La Unión, en plena semana santa.

¡NO A LA CONCESIÓN, SI A LA CARRETERA!

¡FUERA EL MINISTRO CASTRO, ASESOR DE LA OAS
ANTES DE PASAR AL MOPT!

¡ENTERREMOS LAS CONCESIONES!

sábado, 26 de enero de 2013

¿Qué significa la candidatura de Araya por el PLN?


·         Vamos hacia una recomposición de la situación interna de Liberación Nacional.

·         La candidatura de Araya se presenta como una carta de consenso entre los burgueses que permitirá mantener la gobernabilidad… mientras el gobierno no meta la pata

El año se inició con un hecho político de gran envergadura: la renuncia de Rodrigo Arias a su precandidatura en el PLN. Se trata, evidentemente, de un repliegue táctico de los Arias, ante un triunfo inminente de Johnny Araya en la convención de mayo según anticipaban las encuestas. Se pone así en evidencia que los Arias han perdido terreno internamente ante el bloque de las fracciones de Araya, Desanti, Figueres y Chinchilla-Liberman, por lo que inteligentemente optaron por evitar un golpe más y tratar de pelear para conservar peso en el aparato y retener una cuota de diputados y munícipes en el próximo período. Es evidente también, sin embargo, que los Arias sufrieron presión de la cúpula burguesa en la que se apoyan para que Rodrigo desistiera de su candidatura.

Para los sectores burgueses más fuertes, más allá incluso del PLN, Araya es el candidato óptimo y el que permite superar las contradicciones y flaquezas del actual gobierno y encarar una ofensiva brutal contra el movimiento de masas. Frente al desgaste de los Arias en algunos sectores populares, Araya está mejor posicionado para esta misión. El trato cuidadoso que tanto Teletica como La Nación han tenido hacia Araya, sin destapar los chorizos que ocurren en la Municipalidad de San José, indica que lo han considerado una carta en reserva, frente a la dispersión y la falta de credibilidad de la oposición burguesa.

La recomposición del PLN de cara a las elecciones, en la medida que permite lograr un gobierno más fuerte en el 2014, es un elemento clave para la burguesía nacional, sobre todo ante las señales de inestabilidad (en todo sentido) que comienzan a dominar la situación internacional. Tenemos que manejar como hipótesis que el gobierno (pactando una orientación con el arayismo) dé un compás de espera para los proyectos de impuestos y la destrucción de los pluses salariales, y más bien se oriente a pequeños golpes sectoriales que le permitan ir destruyendo las conquistas sociales y laborales poco a poco, aprovechando que la situación económica todavía da algún respiro. Al respecto es esclarecedor lo que ocurrió en AyA ahora en el fin de año. La Junta Directiva se reunió casi en vísperas de Navidad y eliminó la subvención a las incapacidades, que quedan excluidas en adelante de los cálculos de aguinaldo y otros pagos.

Si el gobierno no mete la pata y provoca grandes luchas, vamos a tener un año donde la tendencia estar orientada a luchas atomizadas, en torno a la defensa de clínicas y hospitales ante el estrangulamiento económico que sufren, por la tierra y en defensa de derechos laborales particulares en algunas instituciones del sector público. Toca a las organizaciones más combativas del movimiento de masas, como la APSE, la CGT, la UNT, SINTRAJAP y otras, impulsar la unificación de los conflictos. Por la cercanía de las elecciones, se abre la posibilidad de que luchas fuertes pongan en jaque al gobierno y le arranquen concesiones. Hay que encarar la lucha contra la erosión salarial, planteándose para el segundo semestre de este año arrancarle al gobierno un reajuste conforme a la inflación real. Además, un eje de primer orden es enfrentar el curso cada vez más represivo de este gobierno y parar los proyectos (como el que acaba de anunciar el grupo de “notables”, nombrado por Chinchilla) para fortalecer los rasgos autoritarios del estado.

lunes, 10 de diciembre de 2012

¿Qué pasa en Costa Rica?

Balance de la situación nacional y nuestras tareas hoy tras las protestas del 8 y 15 de noviembre
SE AGRAVA LA CRISIS POLITICA:
 SE HACE NECESARIO POTENCIAR Y UNIFICAR LA LUCHA DEL MOVIMIENTO OBRERO, CAMPESINO  Y POPULAR
8N: Se inicia un viraje en la situación nacional en el marco de un ascenso de la lucha de clases a nivel mundial

Tenemos la hipótesis de que  la represión del 8 de noviembre y la subsiguiente marcha del 15 de noviembre, son las señales de una nueva etapa que se abre de la lucha de clases, que tiende hacia  un salto en el proceso de agudización de la crisis del régimen político. Asimismo, para analizar la situación nacional y desprender de ella nuestras tareas concretas siempre tomamos en consideración el contexto internacional.

En primer lugar, el proceso de lucha en las comunidades por la defensa de los servicios de salud y la seguridad social, así como el ascenso en la proliferación de muchas otras luchas y otros esfuerzos de articulación son el reflejo en la realidad nacional signada por  la creciente agudización del conflicto social que ocurre en todo el mundo. Con diversos ritmos y diferentes variantes, la crisis económica, social y política del sistema capitalista se expresa en el deterioro de las condiciones de vida, en el desmantelamiento de los servicios públicos, en la campaña antisindical y en la creciente respuesta represiva de los estados ante la resistencia obrera y popular en ascenso. Todo esto los vemos en su forma como problemas nacionales pero por su contenido son problemas de carácter internacional. La expresión de vanguardia de este fenómeno mundial en esta coyuntura es la huelga general europea del 14N.

En segundo lugar, partimos de analizar que la represión brutal a la marcha de las comunidades frente a las oficinas centrales de la Caja, ocurrida el 8N, es el intento concreto del Gobierno de golpear al movimiento de masas, intimidándolo con detenciones y garrotazos, para impedir que se generalice la movilización en defensa de los servicios públicos, en virtud de que su desmantelamiento, con el propósito de  acelerar el despliegue del negocio privado en materia de salud y seguros, es pilar fundamental de la ofensiva antiobrera y antipopular del Gobierno y sus socios.
 

Un ascenso que impulsa la acción de las masas… y también la represión

En varias publicaciones en el último año hemos insistido en seguir el ejemplo panameño. En la carta referida a nuestra sección hermana en Panamá: la Liga de Trabajadores-as hacia el Socialismo (LTS),  indicábamos que: “En Panamá asistimos a un impresionante ascenso revolucionario de masas, aunque este no asume aún una escala nacional generalizada, este ascenso ya ha dado como fruto dos grandes combates con elementos insurreccionales, la del pueblo originario Ngöbe-Buglé, contra las hidroeléctricas y la minería el año pasado, y ahora el levantamiento colonense contra la venta de las tierras de la Zona Libre de Colón (ZLC).”

La acumulación de la bronca se ha expresado en saltos en la acción de las masas, y así de la misma manera en saltos en la acción de los aparatos represivos del estado. No es casual que los enfrentamientos en Colón se tradujeran en toques de queda, en abierto enfrentamiento armado en las calles de la ciudad y un saldo de 6 muertos. Así se dio en Honduras con el Golpe de Estado, y la aún persistente agresión contra campesinos en el Bajo Aguán. Costa Rica no es ajena a este recrudecimiento de la lucha de clases a escala regional y podemos afirmar que hemos experimentado un salto en las medidas represivas, justamente en cuanto el gobierno ha entrado en una etapa de retroceso político e inestabilidad inédita.
 

La no re-elección del magistrado Cruz en la Sala IV

Este hecho reciente confirma la tendencia a la crisis política y pone en el tapete la agudización de las contradicciones interbuguesas que hemos venido alertando. El arismo y sus socios le pasan la factura al magistrado Cruz por la sentencia en el caso de Crucitas- Industrias Infinito. Pero desde el movimiento obrero, campesino y popular, rechazamos hacer  comparsa de una fracción burguesa hoy enfrentada contra otra. Ante este conflicto el PRT asumió una posición clara de independencia de clase, no para reivindicar a Cruz, sino para reafirmar la necesidad de un cambio profundo de régimen, que incluye evidenciar la forma antidemocrática de elección de los magistrados (es el parlamento quien los designa) y  la denuncia franca del poder judicial y del OIJ (que es parte y cómplice de la represión) y de la propia Sala IV, responsable de abusos tan grandes como la luz verde a la re-elección de Oscar Arias, el fallo declarando constitucional el TLC con EEUU y el ataque a los derechos laborales con los fallos en contra de las convenciones colectivas.
 

Un creciente autoritarismo y militarismo en Costa Rica

En el último periodo hemos podido reconocer como las luchas indígenas, campesinas y por la tierra han estado signadas por una brutal represión, con cuerpos policiales más profesionales y militarizados. En Salitre, zona sur, hay constantes choques entre indígenas y usurpadores interesados en apropiarse violentamente de fincas en los territorios; está también el caso de Medio Queso y el compadrazgo evidente de la Fuerza Pública con el terrateniente y su seguridad privada armada, que no ha titubeado en disparar a los campesinos. El 23 de noviembre se destapa el carácter siniestro de la represión en Medio Queso, dónde a raíz de un nuevo desalojo militar contra las familias campesinas, se demuestra mediante una grabación de audio que el subteniente a cargo del operativo designa como “terroristas” a las y los campesinos y recomienda al contingente policial  tirar a matar. Este último es un caso representativo del clima represivo que tantas otras comunidades enfrentan en estos momentos.

El gobierno de Laura Chinchilla no ha tenido pocos gestos represivos y autoritarios en su gestión como se evidenció desde un principio en el traspaso de poderes en 2010, con el ingreso del OIJ a la UCR el 12 de abril del 2010, la toma de los muelles de Limón en la huelga de este año, la ley mordaza, la garroteada a manifestantes y diputados frente a la CCSS y hasta la injerencia de su Ministro de la Presidencia en la torcedura de brazos a la Sala Constitucional con la ofensiva en curso contra el magistrado Cruz. Con esta lectura parece que hay suficiente bronca acumulada para un estallido popular. Sin embargo aquí entra en juego la trampa de canalizar todo el descontento hacia el callejón sin salida electoral, en reforzamiento del régimen farsante de democracia burguesa.
 

Ya inició el año preelectoral

En este marco opinamos que el movimiento obrero, campesino  y popular debe preparar también una repuesta, previendo que  el próximo será un año de mucha agitación social, mediado por el escenario electoral cargado de promesas y expectativas electorales, que por otro lado y contradictoriamente, harán emerger más demandas sociales y podría ser un elemento de impulso de la movilización. De modo, que lejos de una postura abstencionista a ultranza, lejos de negar el hecho de  que el grueso de las masas abrirán sus ojos y oídos y tendrán expectativas en el campo electoral, nuestra apuesta es intervenir en ese fenómeno contradictorio, levantando una alternativa clasista consecuente, para procurar disputar una franja de las masas a los partidos burgueses y al reformismo. En tal sentido, cobra importancia preparar nuestra intervención en ese terreno electoral, sin olvidar que no es nuestro terreno, que nuestro terreno privilegiado es el de la lucha de clases, pero sabiendo aprovechar ese espacio para levantar una tribuna obrera, socialista, feminista y ambientalista. En ese marco, procurando superar las prácticas sectarias y oportunistas que carcomen a la izquierda,  creemos que hay que volver a insistir con nuestra propuesta unitaria de construir un Frente Único de la Izquierda y las y los Trabajadores, convocando a toda la izquierda y al movimiento obrero, campesino y popular, con 5 requisitos muy claros y esenciales: un programa clasista, ninguna alianza con sectores burgueses (aunque se disfracen de “progres”), el respeto a la independencia de cada componente y organización de dicho Frente y la democracia interna más amplia para tomar acuerdos.
 

Unificar y potenciar la lucha del movimiento obrero, campesino y popular

En esta coyuntura nacional, y ubicados en el contexto internacional mencionado, se empiezan a dar los elementos que señalaba Lenin en su definición del lo que constituyen los gérmenes de una situación revolucionaria: “cuando los de arriba ya no pueden gobernar como antes, y los de abajo ya no quieren seguir gobernados como antes”.

De tal manera  es vital para potenciar la iniciativa y la movilización de “los de abajo”,  unificar la resistencia desde una perspectiva clasista. En ese sentido es necesario apoyar los esfuerzos de la CGT para unificar orgánicamente  la lucha de los sindicatos del sector público hoy en la picota, con las nuevas formas de organización de las y los campesinos y trabajadores del sector privado. Asimismo es necesario retomar, sin ningún sectarismo,  la necesidad imperiosa  de articular un frente político unitario de la Izquierda y las y los Trabajadores. Por último es preciso participar a fondo en la reorganización estudiantil, pero no para acomodarse acríticamente, sino para intentar establecer con este sector fuertes lazos comunicantes y orgánicos con el movimiento obrero, campesino  y popular clasista.
 

Comité Ejecutivo Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT)

miércoles, 10 de octubre de 2012

Movimiento Sindical en la encrucijada: la Lucha de Vida o muerte en defensa del salario y los derechos laborales


Hay que reconocerlo: con el tecnicismo propio de los burócratas de los organismos financieros internacionales, el ministro Ayales “precisó” la redacción del plan B y del proyecto de Ley de Empleo Público, y se apresta a la batalla para reducir el déficit fiscal, imponiendo el control dictatorial de Hacienda sobre el gasto público gracias al primer proyecto y eliminando convenciones y pluses salariales con el segundo.

En una campaña bien orquestada con los medios, se pretende hacer creer a la opinión pública, que los “excesos” salariales y en el pago de la cesantía, comprometen la sostenibilidad financiera del estado.

La evasión fiscal, la sangría multimillonaria de las asesorías y el despilfarro en que incurren los jerarcas no cuentan. Son los “privilegios” de las trabajadoras(es) los que nos llevan al precipicio –repiten sin inmutarse.

No negamos que las jefaturas y los altos puestos de las instituciones públicas gozan de verdaderos privilegios en materia salarial y de otros beneficios. La austeridad que pregona Ayales no va dirigida, sin embargo, contra ellos. Si los proyectos pasan, las víctimas van a ser otras. Nada tan aleccionador como el reajuste por costo de la vida de este semestre: a las capas profesionales de la administración pública se les aumentó un 2,66 general y un 1% extra para compensar los 5000 colones del primer semestre, y a guardas, conserjes y demás administrativos sólo se les dio el 2,66% (bien por debajo de la inflación real) porque los 5 000 colones fueron demasiado para ellos en el primer semestre.

Vergüenza que Albino Vargas de la ANEP, los burócratas de la Rerum Novarum y otros que ahora proclaman la guerra a los proyectos de Ayales, hayan aceptado este reajuste salarial en el acuerdo que firmaron en marzo en Casa Presidencial.

Es urgente salirle al paso al gobierno, conformando un gran frente de lucha contra los proyectos. APSE, la CGT, UNDECA y el FIT-CAJA, los sindicatos municipales, deben asumir de forma democrática y amplia esta convocatoria.

Sin embargo, no podemos reconocerle ninguna representación a gente como Albino Vargas, que la prensa ya comenzó a levantar, con el propósito de que encabecen el proceso de negociación del proyecto de Ley de empleo público (ahora llamado “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público”), negociación que se pactó, a seis meses plazo, en el acuerdo de marzo.

La maniobra del gobierno es clara: aparentar una negociación del proyecto, para desarmar la oposición sindical al mismo, y dejar que corra el año, mientras logra un consenso para pasarlos rápidamente en la Asamblea Legislativa… a más tardar en diciembre o enero, cuando la movilización se vuelve difícil por las actividades distractoras del fin de año.

No somos derrotistas. Los proyectos pueden ser frenados, aunque todas las fracciones de los partidos burgueses están dispuestas a aprobarlos: los diputados del PLN para que siga la robadera y la oposición para proteger a los evasores del fisco. Sin embargo, para pararlos es necesario dar una lucha frontal desde ya,  comenzando por alertar y organizar a las trabajadoras(es) en sus centros de trabajo, para ir en octubre a las primeras medidas de movilización: que proponemos arranquen con una huelga de 48 horas, con piquetes y marchas. Si no golpeamos rápido y contundentemente, el bloque burgués que le prometió a Ayales apoyar los proyectos (PLN-PAC-PUSC-PASE-evangélicos) no se va a resquebrajar.

Es necesario por eso, responder políticamente a la ofensiva del gobierno, que pretende responsabilizar a los salarios de las trabajadoras(es) de la crisis. Hay que ir a la negociación, pero sin perder de vista que es una trampa: hay que ir a exigir que se ponga fin al fraude y la evasión fiscal, a plantear que se acaben las asesorías y se castigue a ministros corruptos como Garnier, a denunciar los privilegios de los jerarcas del gobierno y exigir que cese el despilfarro y la robadera. Estamos seguros que, si ponemos el dedo en la llaga, el gobierno no va a aguantar esta “negociación” y va a terminar con la farsa.

Al mismo tiempo, para ampliar la lucha y ganar el apoyo de otros sectores populares, el movimiento sindical combativo debe promover el apoyo a las reivindicaciones populares, en particular la lucha en defensa de la CCSS y contra las alzas de tarifas en los servicios públicos.

¡Hay que desenmascarar  la negociación tramposa del  gobierno!
 

miércoles, 1 de agosto de 2012

Para derrotar al Gobierno hace falta la unidad y lucha de la clase trabajadora

En el supuesto “país más feliz del mundo”, el 25 de julio, nuestra Presidenta fue recibida por la gente “buena” de Nicoya, sobre todo varios grupos de ciudadanas(os) de la tercera edad que acudieron a agradecer algunas dádivas del gobierno. Ante el desaire que le hizo el alcalde de Nicoya, desde días anteriores, anunciando que no asistiría al acto oficial, por el incumplimiento del gobierno con las promesas que hizo a varias comunidades, el gobierno se movilizó como Santa Claus, a repartir “regalos”, para evitar una movilización de la provincia contra doña Laura. La Presidenta pudo hacer tranquila su discurso y agradecer a la gente “buena”.

Doña Laura no tiene nada de ingenua y sí mucho de cínica. Viene en una línea cuidadosamente estudiada, de restarle importancia a todas las críticas de ineficiencia y corrupción contra su gobierno. Cinismo, evidentemente, pero también un desfase de la realidad, una incapacidad para comprender el repudio que se ha ganado esta administración. La lluvia de miles de millones de colones que cae del presupuesto nacional y empapa a la gente “buena” que rodea al gobierno, ciertamente hace que doña Laura perciba mucha felicidad en torno suyo.

Sin embargo, para impedir que el descontento popular se rebalse y provoque un estallido social, el gobierno apuesta a la división que logró introducir en el movimiento de masas, comprometiendo a Albino Vargas y otros burócratas sindicales a aceptar los reajustes salariales misérrimos que ha realizado este año, a abstenerse de luchar contra el plan B y tragarse el salario único después de una farsa de negociación de la Ley de Empleo Público.
La política de estos burócratas traidores se refleja bien en la movilización programada por el FIT-ICE para el 30 de julio. Los jerarcas de la Institución se preparan a hacer miles de despidos (como forma de enfrentar el déficit que tiene el ICE al iniciarse la competencia con las transnacionales que intentan sacarlo del mercado de las telecomunicaciones) y Fabio Chávez, el dirigente de ASDEICE, es reiterativo de que la marcha sólo es para oponerse, junto al sector burgués de las cooperativas, al proyecto de Ley Eléctrica que abre totalmente la generación eléctrica al sector privado. Según alega, los despidos son un asunto interno que pueden arreglar con los jerarcas de la Institución.
Nada más falso. En estos momentos, no hay institución pública donde los jerarcas no estén cuadrados con el gobierno en la línea de imponer el salario único, para eliminar los pluses salariales y ahorrar por esta vía. El gobierno está puliendo el Plan B (el proyecto de ley de Manejo Eficiente de las Finanzas Públicas) y calcula que el trámite del proyecto de Ley de Empleo Público le va a tomar de aquí a diciembre, pero esto no quiere decir que su ofensiva está frenada. Todo lo contrario. En la Caja, engañosamente se responsabiliza a los salarios de las trabajadoras(es) de los problemas financieros que crearon las políticas de los jerarcas. Al mismo tiempo que se reducen los montos de las pensiones y el presupuesto de clínicas y hospitales, en una política de minar la seguridad social y favorecer los procesos de privatización.
No luchar en el ICE contra los despidos, equivale a enterrar la Institución al debilitar el movimiento de las trabajadoras(es).
La movilización del pasado 26 de junio, que contó con una importante participación del sector hospitalario, puso a la orden del día preparar una huelga en defensa de la Caja. En esta dirección, tenemos que converger todos los sectores amenazados por despidos, alzas, recortes de programas sociales, privatización de instituciones como JAPDEVA o aumentos de impuestos como el territorial afectando a las finquitas de los campesinos. Desde la Coordinadora Nacional de Lucha, hay que apoyar cualquier paso hacia la centralización de las luchas. Al mismo tiempo que la APSE, la CGT y los sindicatos más combativos impulsan acciones de conjunto.

sábado, 9 de junio de 2012

26 de junio: ¡Tod@s a la calle!

El eje del gobierno es el desmantelamiento de la Caja
El movimiento popular y sindical debe sumarse de lleno este 26
La Coordinadora Nacional de Lucha se reunió el pasado 2 de junio donde reafirmó la plataforma de lucha propuesta por la CGT sobre los ejes:

1)Contra el Plan B del Gobierno y su corrupción
2)En defensa del salario
3)Contra los recortes presupuestarios
4)En defensa de los muelles
5)y la Seguridad Social

En dicha reunión se acordó preparar una jornada nacional de huelga para el próximo 26 de junio.

El momento es álgido. Como indica la declaración de la CNL:

“(…) la mancuerna del PLN y el PAC no logró imponer el paquetazo fiscal, debido a la presión popular y  las disputas en el seno del parlamento, reflejando las objeciones de un sector importante de los capitalistas, pero no hay que lanzar las campanas al vuelo. Alertamos que el Gobierno, no sólo no ha desistido de su arremetida para descargar todo el peso de la crisis –de la que los capitalistas se han beneficiado y se benefician  a manos llenas-  sobre las espaldas del pueblo, sino que ataca ahora con más fuerza los derechos de las y los trabajadores y el pueblo.

Ha quedado en evidencia que el Gobierno engañó en la “negociación salarial”  a un sector del movimiento sindical, no sólo porque impuso el ajuste miserable de 5000 colones  a las trabajadoras y trabajadores del sector público, sino porque mete ahora por  “por la ventana” su embestida contra los derechos laborales”.

Precisamente, ante el fracaso del anterior Plan Fiscal, el gobierno ya tiene listo su “Plan B”. Con el engañoso nombre de Ley de Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, se amenazan seriamente los presupuestos de muchas instituciones, incluidas las universidades públicas (cuya autonomía se convertiría así en “letra muerta”), pues los superávit deben trasladarse a la caja única del Gobierno.

Se liquida la posibilidad de negociar reajustes salariales, incentivos económicos y mejorar las condiciones  laborales. Se abre el portillo para el cobro generalizado de servicios en las instituciones públicas sin distinción del tipo de servicio, y se afecta severamente a instituciones rentables como el INS y el ICE, para dejarlas como burro amarrado contra tigre suelto frente a la desigual competencia de  las transnacionales que se facilita en todo sentido con el TLC con EEUU.”

Por otro lado, además de los recortes y el desmantelamiento de los presupuestos de los servicios públicos, el Gobierno impulsa un deterioro salarial sistemático y un  incremento galopante en los precios de los artículos de consumo básico y la gasolina, así como las  tarifas de los servicios públicos.

Asimismo, el Gobierno y sus socios extranjeros, aceleran ahora la concesión del megapuerto en el Caribe a la transnacional holandesa APM, con la perspectiva de asfixiar y convertir en chatarra los muelles públicos, a la vez que se impide invertir para modernizar a JAPDEVA.  

Por si fuera poco la dirigencia de la ANEP, la Rerum Novarum y el CUSIMA han negociado con el Gobierno y los empresarios  el Proyecto de Ley Procesal Laboral, sin consulta a las bases y al resto del movimiento sindical, como se constató en la última cita de la OIT en Ginebra.

Pero sin duda, lo más grave es el embate contra la seguridad social.

Desde hace muchos años, la CCCS ha sido saqueada para usarla como “caja chica” del Gobierno Central, mientras la deuda del Estado con la Institución ha sido burlada, así como cunde la evasión y la morosidad patronal de las cuotas. Este ataque a la seguridad social  se ha agudizado al máximo con este Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS a cargo de Ileana Balmaceda.

El golpe de gracia que están imponiendo es la reducción del tope de cesantía para las y los trabajadores de la Caja, reduciéndolo de 20 salarios a 12. Pero además, la Presidencia Ejecutiva promueve un recurso ante la Sala IV para liquidar la Ley de Incentivos Médicos.

Más allá de que efectivamente hay sectores médicos aristocráticos que gozan de grandes privilegios, que son los mismos que por lo general lucran con la medicina privada, lo cierto es que de concretarse estas medidas es previsible impliquen una fuga masiva de médicos especialistas de la Caja hacia las clínicas y hospitales privados, lo que potenciará al máximo las presas y las largas listas de espera de la consulta externa y de las cirugías (ya de por si alarmantes), lo que es una forma indirecta de consumar el desmantelamiento del sistema público de salud y seguridad social.

Tod@s a las calles el 26 de junio

Los sindicatos y sectores sociales del país deben unificarse y preparar una poderosa jornada nacional de protesta y parar en seco los planes antipopulares del gobierno.     No hay tiempo que perder.

miércoles, 18 de abril de 2012

Salgamos el 19 de abril y el 1 de mayo, a luchar contra los estafadores que no pagan impuestos

Editorial del Bandera Roja de Abril

Finalmente, la Sala IV ha golpeado de muerte el plan fiscal. Aunque al cierre de esta edición el gobierno no ha aclarado si va a retroceder y comenzar de nuevo el proceso legislativo del proyecto, nos parece que sería una torpeza política por la oposición que se ha generado dentro de la burguesía y de los sectores populares. Una señal importante para dar marcha atrás, es el viraje que se ha operado en el PAC. Otón pareciera que se ha replegado, y ha dejado que sus diputados acepten que el jefe de fracción de los libertarios, el diputado Cubero (al que acusaba de corrupción), encabece la papeleta para el directorio legislativo el próximo 1º de mayo distanciándose así del PLN. Las críticas de Otón a la resolución de la Sala IV tuvieron un repudio masivo en los medios digitales.

El mierdero de corrupción que se ha destapado en el entorno de Chinchilla, indudablemente debilita gravemente al gobierno y va a reabrir las fisuras dentro del PLN.
Es terrible por eso que Albino Vargas de la ANEP, que encabezó la traición de las cúpulas sindicales el 19 de marzo, en Casa Presidencial, al aceptar de hecho un congelamiento salarial para este año y que el gobierno tramite una ley de empleo público que amenaza los derechos laborales, salte a la palestra ofreciéndole al gobierno consensuar una salida a la crisis fiscal. Si el gobierno tiene que congelar por ahora el plan fiscal, va a venir con una ofensiva brutal para imponer recortes de programas sociales, congelamiento de plazas vacantes y la camisa de fuerza salarial que negoció el 19 de marzo. Los sectores burgueses opuestos al plan fiscal (como la Cámara de Comercio y UCCAEP) esto es lo que han venido exigiendo.

Es claro que el fracaso del plan fiscal le va a servir al gobierno para defender la austeridad y el recorte en los gastos del estado. Hay que salir desde ahora a luchar contra esta justificación mentirosa de los ataques a los derechos laborales, exigiendo que se aumenten los impuestos a las trasnacionales y los grandes empresarios nacionales, y que se condene con cárcel y expropiación de bienes a los evasores fiscales.
La APSE está llamando a movilizarse el 19 de abril. Esta jornada de lucha tiene que transformarse en un enfrentamiento permanente contra los evasores del fisco y la corrupción de las cúpulas en el poder. El Magisterio Nacional tiene que exigirle la renuncia a Garnier, cómplice de los chanchullos de Herrero.

Hay que oponerse a las alzas de precios y tarifas de servicios básicos como el agua, la electricidad y el transporte, y demás atentados contra el nivel de vida del pueblo trabajador. Hay que rechazar el congelamiento salarial que se impuso el 19 de marzo y cualquier ataque a los derechos laborales con el proyecto de ley de Empleo Público. Urge salir en defensa de la Salud Pública exigiendo al gobierno que pague los intereses que le adeuda a la CCSS, para que no se cierren hospitales por los recortes presupuestarios que se están aplicando.

Desde Bandera Roja y el PRT llamamos al pueblo trabajador a participar en la movilización del 19 de abril y sumarse a una columna clasista, con la APSE y la CGT al frente el 1º de mayo. Instamos en particular a las bases del SEC a exigir a su dirigencia (que no firmó el pacto del 19 de marzo) que se sume a la movilización.