Que el
gobierno se deshiciera de María del Rocío Sáenz, la Presidenta Ejecutiva de la
CCSS, pidiéndole la renuncia, se veía venir, por la política de la jerarca, de
imponer a rajatabla el 1% de aumento de la cotización obrera al IVM. En este
tema de la reforma al régimen de pensiones de la Caja, venía chocando con Luis
Guillermo Solís, que quería que se suspendiera la medida, para negociarla en la
Mesa Nacional de Diálogo que propuso (con participación del gobierno, las
cámaras empresariales y representantes de los trabajadores) para hacer propuestas de reforma al IVM.
La
separación de este personaje oscuro no tenía por qué levantar mucho alboroto.
Sin embargo, se levantó una tormenta por algunas declaraciones contradictorias
de jerarcas del gobierno en torno al aumento del 1%. Solís nombró para sustituir a Sáenz al
Ministro de Salud, Fernando Llorca, que dio declaraciones en el sentido de que
la “medida es irreversible” y que el gobierno respeta la autonomía de la Junta
Directiva de la Caja, pero al mismo tiempo, sin embargo, según los
representantes de la UCCAEP (la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales)
el Ministro de Trabajo, Alfredo Hasbun, les planteaba que el gobierno quiere
que la medida se derogue.
Los
representantes del sector patronal suspendieron la participación en la Mesa
Nacional de Diálogo, como una forma de presión a Solís para que el gobierno no
insista más en suspender la medida. Nos parece que Solís va a dar seguridades
de que el aumento se hará, para que se reintegren.
Solís no va a ir en contra del consenso que ha venido haciendo la burguesía para descargar sobre las espaldas de las trabajadoras(es) las consecuencias del desfinanciamiento que sufre el IVM, por la morosidad de los patronos y el estado, políticas crediticias en vivienda de poca rentabilidad y el hecho de que el fondo de reserva ha sido utilizado como caja chica por muchos gobiernos pagando intereses muy bajos. Utilizando un informe actuarial elaborado en la Escuela de Estadística de la UCR bajo criterios neoliberales, se plantean medidas como aumentar aún más la cotización obrera, reducir el perfil de beneficios (la tasa de reintegro con relación al salario), y aumentar la edad para pensionarse. Sin ninguna oposición contundente de parte de los sindicatos en contra de los criterios neoliberales del estudio, toda la discusión gira en cuanto más o menos se le aprieta la faja a las trabajadoras(es).
Los
burócratas sindicales se desviven por
venderle el alma al diablo en la Mesa de Diálogo Nacional
Acercándose
el 1º de junio, día en que entraba a regir el aumento, para que la Junta
Directiva de la institución diera marcha atrás con la medida, Albino Vargas
(Patria Justa) convocó a una movilización nacional el lunes 29 y el BUSSCO a
una huelga el martes 30.
Lo de
Albino resultó un piquete de unas 150 personas. La huelga del BUSSCO, por su
parte, desconvocada por la dirigencia porque la Junta Directiva de la Caja
había suspendido la entrada en vigencia del aumento para conocer las
observaciones de la Mesa de Diálogo, terminó siendo un piquete de unas 300
personas, aunque en varios hospitales se paró parcialmente en algunos turnos y
departamentos. Sólo un pequeño sindicato, el SISSS, mantuvo el llamado a
huelga.
El
jueves 1º el BUSSCO realizó otro piquete, pero como ya el gobierno y las
autoridades de la Caja habían medido las “huelgas” nacionales que son capaces
de convocar las burocracias sindicales, el piquete no se había acabado de
dispersar, cuando los jerarcas de la Caja ya estaban decretando el reajuste del
1% en dos tractos: un 0,5% en julio y otro en enero, tal y como lo habían
planteado los burócratas del SINAE (Rerum Novarum).
Es
claro que la reforma neoliberal del IVM va a imponerse si las dirigencias
sindicales se mantienen en la Mesa Nacional de Diálogo aunque se mantenga el
aumento del 1%, si no formulan una política para recuperar el fondo sin afectar
el derecho de las trabajadoras(es) a una pensión digna y no preparan desde las
bases, en asambleas en los centros de trabajo, una huelga nacional (de verdad)
en defensa del IVM, incorporando comunidades y pacientes, y sectores como el
Magisterio que tienen su propio régimen de pensiones.
La
defensa de las pensiones del IVM pasa por la exigencia de que el gobierno
cancele sus deudas por los regímenes no contributivos (que entendemos que
rondan los 165 000 millones de colones), pasa también porque el estado sancione
duramente a los patronos morosos (con penas de prisión y expropiación de bienes), exige también que
tal y como lo establece la ley de Protección al Trabajador se le giren al IVM
el 15% de las ganancias de las empresas públicas, y se realicen inversiones
rentables en obra pública garantizadas por el estado. Plata hay para financiar
pensiones dignas, si se mete en cintura a los empresarios que evaden el pago de
impuestos.
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