Gobierno del “cambio” recrudece represión y criminalización de la protesta social

Repudiamos enérgicamente la condena de Paulina Briones y exigimos su inmediata absolución

Mientras hay completa impunidad para los asesinos de Jairo Mora se receta cárcel para las luchadoras y los luchadores sociales

 

El gobierno del supuesto cambio no solo mantiene sino que profundiza las políticas orientadas hacia la criminalización de la protesta social, realizando actos de represión y de brutalidad policial que los anteriores gobiernos  de liberación nacional no se atrevieron a realizar. Ante los casos judiciales que pretenden criminalizar la protesta social Luis Guillermo Solís, como Pilatos,  se lava las manos y voltea a ver para otro lado. Veamos primero los casos de represión de las protestas.

 

 La represión de la protesta social

 El gobierno del “cambio” no ha cumplido todavía un año, sin embargo ya lleva a cuestas gran cantidad de actos de represión en contra de organizaciones y sectores sociales que, ante la crisis económica y ante la aplicación de los proyectos injustos del gobierno y las grandes empresas, salen a la calle para defender conquistas o para pedir soluciones a sus acuciantes problemas cotidianos. Veamos algunos ejemplos.

A poco más de 100 días de que el gobierno de Solís asumiera funciones, son arrestadas; el día de la madre, 15 de agosto de agosto de 2104; varias dirigentas de un movimiento que exige soluciones de vivienda en San Josecito de Alajuelita.

 

El 22 de octubre del 2014 el gobierno realiza un operativo a cargo de Celso Gamboa, quien en ese momento fungía como ministro de seguridad, para quebrar la huelga de SINTRAJAP en los muelles de Limón, que exigían derogar la clausula que le entrega a APM terminals el monopolio de los contenedores; el gobierno del “cambio” no solo abrió a garrotazos el puerto que las y los trabajadores mantenían cerrado como medida de presión, sino que contrató rompehuelgas o esquiroles para que mantuvieran funcionando el puerto.

El 6 de noviembre de 2014 fue arrestado y se mantiene desde entonces bajo prisión “preventiva” al líder indígena Sergio Rojas, supuestamente por administración fraudulenta, pero a todas luces es una clara represión por su beligerante participación en el conflicto por tierra en Salitre, entre la comunidad indígena y terratenientes locales.

 
El gobierno de Luis Guillermo Solís ha promovido, de manera también muy violenta y amañada, dos desalojos, uno en la comunidad de Fray Casiano en Puntarenas y otro en el llamado Triangulo de Solidaridad, al norte de San José, que ha provocado incertidumbre y zozobra entre las y los vecinos y donde la fuerza pública se utiliza como mecanismo de cohersión y amedrentamiento. En ambos casos queda claro que se privilegian los intereses de las grandes empresas y las y los habitantes son tratados poco más que como si fueran cosas y no personas.

 
El otro caso, relacionado también con vivienda, es el del arresto de Ingrid Rangel y Karina Araya, quienes fueron arrestadas por protestar, exigiendo una solución de vivienda, el pasado 27 de febrero y las mantuvieron en prisión preventiva por más de un mes. No se puede descartar todavía que a estas compañeras les vayan a realizar también un juicio político.

Estas medidas de represión, que favorecen los intereses de terratenientes y grandes empresas, son en muchos de los casos más violentas o atrevidas que las acciones represivas impulsadas por los gobiernos anteriores, los cuales no se atrevieron  por ejemplo a meter rompehuelgas en JAPDEVA ni le aplicaban prisión preventiva a manifestantes por bloquear una calle.

 

Continuidad en los juicios de criminalización de la protesta social

Es claro que la criminalización de la protesta social es una medida que tiene una tendencia ascendente en el régimen político costarricense, desde las manifestaciones del Combo del ICE, pasando por el TLC  y culminando en este gobierno donde parecen arreciar las medidas. Esto se puede apreciar en la aprobación de istrumentos judiciales cada vez más represivos, como por ejemplo, la transformación del bloqueo de carreteras de una contravención a ser considerado un delito penal, y el posterior debate en la sala cuarta sobre si es más importante el derecho a expresión del derecho al tránsito. Este proceso de criminalización de la protesta social desde la via de la judicialización no se puede separar de procesos más amplios impulsados a nivel internacional, como por ejemplo, toda la parafernalia orquestada a partir de los ataques del 11 de setiembre en Estados  Unidos, a la cual le sigue toda la política de “guerra contra el terrorismo”, la cual deriva en una gran cantidad de legislación “antiterrorista”, primero en Estados Unidos, pero que luego se exporta al resto del mundo.
Por otro lado, el aumento de la criminalización de la protesta social forma parte de la arremetida global contra las y los trabajadores y las organizaciones populares. La crisis del sistema capitalista mundial y el intento de los gobiernos de turno por pasarle la factura de la crisis a la clase trabajadora ha exacerbado los conflictos sociales y los niveles de represión por parte del Estado en muchas partes del mundo.

La otra cara de la judicialización de la criminalización de la protesta es la aplicación de juicios políticos. En este momento es particularmente importante la condena de la compañera Paulina Briones, a la cual se le otorga una pena de cinco años de cárcel por, supuestamente, instigar a una quema de contenedores en una de las primeras protestas contra la concesión del megaproyecto portuario de Moín a APM Terminals, en el año 2010.

La compañera Briones es vecina de la comunidad de Penshurt, es una mujer campesina y pescadora, madre de 6 hijos, que participó en las protestas, como cualquier otra ciudadana preocupada por el rumbo privatizador y neoliberal de las políticas del gobierno. A todas luces, lo que al parecer ocurre aquí es que la compañera Briones es utilizada como chivo expiatorio, ante la falta de pruebas por parte del ministerio público, con el objetivo de que el caso sirva como una especie de aleccionador: el mensaje que envía es que se buscará la manera de meter a la cárcel a aquellas personas que osen salir a la calle a protestar por sus derechos.

Por eso no podemos coincidir con el planteamiento del Partido de los Trabajadores, de considerar un triunfo el resultado del juicio (20 absueltos en Juicio de Limón 2010: Victoria sobre la criminalización de la protesta social); el echo de que se condene a una compañera a cinco años de prisión y se tramiten tres de las personas procesadas por aparte es un asunto sumamente grave y no da para cantar victoria; sobre todo porque el modus operandi de estos juicios colectivos es precisamente esa, lanzar la red para ver que se pesca. Pudo haber sido peor, ciertamente, pero no debería celebrarse como un triunfo contra las políticas represivas, sobre todo tomando en cuenta el contexto y el rumbo de las políticas del gobierno. La forma en como se presenta y opera este juicio es similar al juicio del compañero Orlando Barrantes, en donde también se usa un juicio colectivo para terminar condenando a una persona; el compañero Barrantes ya tiene casi quince años de estar batallando, de manera muy solitaria, en un juicio sumamente oneroso y desgastante, acusado de manera similar, de ser el autor intelectual de la retención de agentes de policía durante las protestas de extrabajadores bananeros por los efectos nocivos de la aplicación del agroquímico Nemagón. 

Estos juicios lo que buscan es amedrentar a la población para evitar que más gente salga a protestar por temor a verse implicado en un juicio penal y desgastar a figuras dirigente del movimiento social, en procesos judiciales onerosos y angustiantes también en términos emocionales.

No podemos permitir que se condene a la compañera, debemos rodearla de solidaridad, y esta solidaridad se debe expresar sobre todo en la calle, con más movilización, con más denuncia y más lucha. Como es evidente la vía judicial no es el terreno en el cual tengamos como movimiento social y popular ventaja; aunque haya que hacerle frente a los procesos judiciales por la vía legal, esta es solamente la parte defensiva del proceso. Se requiere conformar un poderoso movimiento social en contra de la criminalización de la protesta social y en contra de los juicios políticos, que, si por la víspera se saca el día, seguirán siendo pan de todos los días también durante el gobierno del “cambio”. Ante los intentos del gobierno de los sectores privilegiados de meterle miedo a los sectores en lucha hay que golpear políticamente, hacerle frente a los procesos judiciales con más organización y más movilización social. Para empezar hay que exigirle a Luis Guillermo Solís la absolución de la compañera Briones y el cese de todos los juicios políticos en curso.

El caso del 8N

En este momento está iniciando otro juicio político contra seis personas. El próximo 24 de junio de 2015 se realizará la audiencia preliminar para determinar si se le da curso a un juicio penal en contra de seis manifestantes que participaron en las protestas del 8 de noviembre de 2012 que se realizaron frente  a las oficinas centrales de la caja y que terminó con más de 40 arrestos y una violenta golpiza contra las y los manifestantes. Las personas acusadas en este momento son Adrián Jaén España, del PRT; Denis Solís Cruz, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Luis Alberto Salas Sarkis, del Partido Vanguardia Popular (PVP), Mario Villalobos Arias, funcionario universitario y miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU); Luz Marita Arce Soto y Luis Diego Retana Solano, ambos estudiantes de Trabajo Social de la UCR.

El 8 de noviembre de 2012 las comunidades de las zona de occidente (Grecia, Palmares, San Ramón) organizan una marcha, que inicia en el parque de la Merced y que concluye frente a las oficinas centrales de la Caja, sobre avenida segunda. El objetivo de la manifestación era entregarle a Ileana Balmaceda, quien en esa época se desempeñaba como presidenta ejecutiva de la institución, un pliego de peticiones para mejorar la calidad del servicio en el Hospital de Grecia (San Francisco de Asís) y los demás centros de salud de la zona. Hay que recordar que durante el año 2012 se realizan en la zona varias desmejoras en los servicios prestados, entre ellas, que se suspende el servicio de emergencia como servicio permanente de 24 horas, lo cual había cobrado ya varias vidas, entre ellas, una adolescente de 14 años que se le presentó una complicación después de una operación y que no logró llegar con vida al Hospital México.

A pesar de que la manifestación se realizó con normalidad y de manera pacífica, al ser casi medio día, para sorpresa de quienes nos estábamos manifestando, empezó a alinearse un grupo de antimotines quienes sin ninguna consulta previa arremetieron de manera violenta contra las y los manifestantes, arrestando a varias personas. La brutalidad policial, el uso desproporcionado de la fuerza, incluso sobre personas adultas mayores, así como el arresto injustificado provocó mucha indignación; por lo que una manifestación que estaba a punto de disolverse se volvió a nutrir por el efecto de la rápida difusión de la noticia de los hechos que estaban sucediendo; por lo tanto la manifestación se mantuvo durante todo el día. 

Los enfrentamientos entre manifestantes y policía ocurren varias veces durante la jornada de protesta, así como las oleadas de arrestos; a eso de las 2:00 p.m. se apersonan al lugar José María Villalta, en ese momento diputado por el Frente Amplio (FA); así como Carmen Muñoz y Claudio Monge, diputados del PAC, quienes también son agredidos por los antimotines. La acción más violenta es la que se desarrolla pasadas las 6:00 de la tarde, cuando ya varias organizaciones y manifestantes se habían retirado de la zona.

 


Ninguna confianza en los tribunales burgueses: unidad obrera y popular contra las injusticias del sistema de justicia
El Humedal Cariari es un reconocido sitio Ramsar, declarado patrimonio de la humanidad, incluye las playas de Moín, donde llegan a desobar cuatro especies de tortugas marinas (carey, verde, Baula y Cabezona), todas en peligro de extinción. Jairo Mora, ambientalista limonense que se dedicaba a cuidar las tortugas de los ladrones de huevos fue asesinado en mayo de 2010. Las ocho personas sospechosas fueron absueltas y liberadas a inicios de este año. Las playas de moín donde desovan las tortugas serán destruidas por el megaproyecto del puerto concesionado a la transnacional holandesa APM Terminals ¿Casualidad? Nos parece que no.

Ahora bien, mientras los asesinos de Jairo Mora andan caminando campantemente por las calles de nuestro país, se encarcelan y se condena penalmente a luchadoras y luchadores sociales por defender las instituciones públicas, por intentar detener los proyectos neoliberales extractivistas que atentan contra la naturaleza y que golpean los derechos laborales y políticos básicos de las y los trabajadores y el pueblo.

Al parecer, en términos de represión policial y de criminalización de la protesta social, el gobierno del “cambio” nos augura un cambio para peor.

No podemos seguir viendo estos y otros casos más como cuestiones aisladas, debemos unirnos para luchar juntas y juntos contra la represión gubernamental. Para eso creamos un espacio, un Comité de Lucha contra la Criminalización de la Protesta Social, el cual se reunirá periódicamente para trabajar estos y otros casos. La idea es que se mantenga siendo como ahora como un espacio abierto y democrático de discusión y de unidad de acción. Cualquier persona interesada en colaborar puede comunicarse por correo electrónico: adrianjaencr@gmail.com marita.as12@gmail.com  marce.zamoracruz@gmail.com  o a los teléfonos: 2221-7192,  8511-0038 o al 8705-6934.

ANTE LA REPRESIÓN DEL ESTADO Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTAS SOCIAL: UNIDAD EN LA LUCHA DE LA CLASE TRABAJADORA Y EL PUEBLO

Comité Ejecutivo
Partido Revolucionario de las Trabajadoras y los Trabajadores