Denuncia Pública Nacional e Internacional

Sobre las nuevas agresiones a las y los pobladores del asentamiento Monte Alto en Alajuelita, San José Costa Rica

Movimiento de Acción Popular Urbana (MAPU)

Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT-CR)

Grupo policial en el asentamiento de Monte Alto, Alajuelita, amenazando a la población con destruirle sus viviendas

Al igual que en noviembre del año anterior, se vuelven a presentar hostigamientos en contra del asentamiento de Monte Alto de Alajuelita. En noviembre del año 2018 denunciamos la represión y el abuso por parte de la Municipalidad de Alajuelita, la Fuerza Pública, el Ministerio de Salud, entre otras instituciones represivas y administrativas. En esa ocasión, entraron tractores a derribar los humildes ranchos de las y los pobladores de los asentamientos, en algunos asentamientos inclusive los incendiaron; en otros asentamientos echaron a la gente a la calle como perros, sin derecho  a, tan siquiera, a recoger las cosas personales, mucho menos otras pertenencias, como electrodomésticos, que tanto le cuesta a la gente pobre y humilde conseguir.

Desde el domingo 3 de noviembre de 2019 se han reanudado las amenazas y el hostigamiento en contra de las familias del asentamiento de Monte Alto, ha retornado el nerviosismo y la zozobra en la población, pues a cualquier hora ingresan grupos armados, de la Fuerza Pública, de la Policía Municipal, del OIJ y de la policía de Migración, que han estado ingresando al asentamiento de manera reiterada y sin ningún motivo legítimo.

El gobierno de Carlos Alvarado, en lugar de apoyar y ayudar a las familias de más escasos recursos, arremete en contra de las familias más pobres y humildes, gente que decide irse a pasar penurias, sin acceso a agua potable, sin acceso a electricidad, porque no les queda de otra, porque no les alcanza para pagar un alquiler y comprar alimentos. La mayoría de las personas que viven en los asentamientos son mujeres madres de familia, muchas de ellas jefas de hogar; algunas personas están desempleadas, porque el desempleo se ha empezado a convertir en un problema endémico en nuestro país, pero la mayoría de las personas están trabajando, pero sus salarios no les alcanzan para poder mantener a sus familias porque sus trabajos son muy precarios, inestables, con salarios exiguos.

Gran cantidad de la población del asentamiento es de origen nicaragüense, pero que tiene muchos años ya de estar residiendo legalmente en el país, personas que ya tienen arraigo, familia hijos, que contribuyen con el desarrollo del país, pagan impuestos,  algunas y algunos inclusive ya nacionalizados; sin embargo, la municipalidad y otras entidades, como el PANI y el Ministerio de Salud contribuyen con una campaña xenófoba, acusando, injustamente y sin ningún tipo de pruebas, a la población de estos asentamientos de delincuentes y acusándolos de todos los males que padece el cantón.

Durante la semana anterior ha continuado el asedio y la represión. El gobierno, la municipalidad y los cuerpos represivos han reclutado vecinos del asentamiento para que denuncien y dividan a la población ocupante, para estar hostigando también a otros vecinos, poniendo a pelear distintos sectores de la población, poniendo a la clase trabajadora a luchar contra su misma clase, que es un método nuevo que se está implementando durante este gobierno de Carlos Alvarado.

El viernes 8 de noviembre de 2019 se presentó formal denuncia ante la Sala Constitucional contra la municipalidad, la Fuerza Pública, el Organismo de Investigación Judicial y la policía de Migración, recurso que fue acogido y dándole curso, ordenando una investigación. 

El lunes 11 de noviembre se volvió a presentar la Policía Municipal, que continúo amedrentando a la población y amenazando con derribar los ranchos del asentamiento, diciéndole a la población que mejor salieran “por las buenas” porque de todas formas los iban a sacar. En ese momento, el compañero Oscar Ampié Cruz, uno de los dirigentes del Comité Central del Asentamiento, dirigente también del Movimiento de Acción Popular Urbana, llegó a pedirle información a los efectivos de la policía municipal sobre la razón por la cual estaban en los asentamientos, el compañero Oscar les informó que había un trámite legal en curso en la Sala informó que había un trámite legal en curso en la Sala Constitucional y les mostró copia del recurso de Amparo, a lo cual los oficiales respondieron que para ellos eso no tenía ningún valor y “que se lo pasaban por el culo, porque ellos eran la autoridad y hacían lo que les daba la gana”. Acto seguido fue esposado y detenido como si se tratara de un delincuente común y conducido a la delegación de Barrio México, lugar en donde fue agredido y golpeado en las celdas de la delegación por miembros de la fuerza pública. 

Compañero Oscar Ampié

 

Por todo lo anterior, exigimos a la Municipalidad de Alajuelita, a las autoridades competentes y al gobierno de Carlos Alvarado que cesen los hostigamientos y la represión en los asentamientos informales en general y particularmente en el asentamiento de Monte Alto.

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de la población que viven en los asentamientos informales, a quienes no solo se le niegan las condiciones más básicas de supervivencia; como el derecho humano al agua, el derecho a la electricidad, entre otras; una población que no solo se ve lanzada a una vida con enormes privaciones y problemas, sino que también se les hostiga, se les agrede y se les denigra, por el simple hecho de ser pobres, como si ser pobre fuera un delito. Manifestamos nuestra profunda preocupación sobre los hechos ocurridos la semana pasada, que muestran con toda claridad una escalada en el uso de la violencia por parte del Estado, que empuja a la población empobrecida y denigrada a actos de violencia en defensa de sus derechos, su territorio y en defensa de la vida misma. Las agresiones que la municipalidad de Alajuelita y el gobierno del presidente Alvarado están ejecutando violentan los derechos humanos de las poblaciones en asentamientos informales, ponen en peligro la vida y la seguridad de cientos de familia y amenazan la paz social de nuestro país.

Instamos a las organizaciones sociales y de derechos humanos, nacionales e internacionales, a que se pronuncien al respecto enviando pronunciamientos a las autoridades respectivas:

Al presidente de la República de Costa Rica

Carlos Alvarado Quesada Presidente      2207-9252          despachopresidente@ presidencia.go.cr

Felly Salas Hernández    Directora de despacho 2207-9252           emilio.robles@presidencia.go.cr

Al Ministerio de Gobernación y policía la Fuerza Pública

Michael Soto Rojas    Ministro      2586-4200   despachoministro@seguridadpublica.go.cr

A la Dirección General de Migración y Extranjería

Licenciada Raquel Vargas Jaubert    Directora General  22998026   rvargasj@migracion

Dirección General del Organismo de Investigación Judicial

Walter Espinoza Espinoza   Director General   2295-3336   oij_direccion@poder-judicial.go.cr

A la Municipalidad de Alajuelita

Modesto Alpízar     Alcalde             22546002  ext  216  / 8823-6295    svado@munialajuelita.go.cr

Al Patronato Nacional de la Infancia

Patricia Vega Herrera   Presidenta Ejecutiva   2523-0891/2523-0713   despachoministra@pani.go.cr

Junta Directiva       2523-0894     juntadirectiva@pani.go.cr

Al Ministerio de Salud

Doctor Daniel Salas Peraza    Ministro   2233-0683      correspondencia.ministro@misalud.go.cr

 Comité Central

Movimiento de Acción Popular Urbana

Comité Ejecutivo

Partido Revolucionario de las y los trabajadores